Argentina | José Luis Espert, economista y exdiputado, ha apelado su procesamiento por lavado de activos y ha solicitado su sobreseimiento. La medida judicial también incluye una prohibición de salida del país y un embargo de mil millones de pesos, los cuales Espert pide que sean levantados.
El procesamiento se relaciona con una transferencia de 200.000 dólares recibida por Espert en enero de 2020, proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que, según la investigación, está vinculada a Federico “Fred” Machado. Machado fue condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos y actualmente se encuentra detenido. Durante la campaña presidencial de 2019, Machado aportó recursos logísticos a la campaña de Espert, incluyendo el uso de aeronaves.
Para justificar los fondos, Espert presentó un contrato de consultoría por un millón de dólares con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A., un servicio que, según se indica, no llegó a prestar. El fiscal Fernando Domínguez y el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, consideraron este acuerdo como una posible maniobra para justificar el ingreso de dinero.
La defensa de Espert, a cargo de Claudio Lamela, argumenta que la resolución del juez Mirabelli se basa en un delito precedente no probado y que incorpora hechos de otra causa. Espert sostiene que el procesamiento se centró en la transferencia, la adquisición de dos automóviles con esos fondos y la contabilidad de su firma Varianza S.A., una sociedad de consultoría que constituyó con su esposa en 2019.
La defensa cuestiona la calificación de lavado de dinero, señalando que aún no se ha recibido respuesta al exhorto enviado a Estados Unidos para determinar el origen de los activos. Además, indicó que el fallo descartó la vinculación de un fideicomiso y un vehículo pagado a fines de 2024 con los fondos investigados. El juez, según la defensa, reconoció que no hay razones para cuestionar la idoneidad profesional de Espert para prestar el servicio de consultoría.
Espert explicó que la resolución también consideró que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia podrían ser una cuestión impositiva, la cual, a su entender, pertenece a la vía administrativa y no configura lavado de dinero. El ex candidato libertario afirmó que no hubo ocultamiento, ya que la transferencia llegó a una cuenta a su nombre, los vehículos fueron adquiridos mediante operaciones registradas y la sociedad tenía domicilio en su vivienda, con salarios declarados ante el fisco.
Respecto al acuerdo de consultoría, Espert indicó que no fue exhibido ante bancos, registros ni organismos durante cinco años, argumentando que “un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado”. Negó que Machado hubiera recibido dinero de regreso, señalando que los fondos permanecieron en su cuenta, se utilizaron a su nombre y tributaron impuestos. En este punto, Espert remarcó que “un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió”.
El dirigente de la LLA reprochó que el juez considerara que debía conocer actividades ilícitas de Machado a partir de conversaciones de abril de 2021, posteriores a la transferencia. Contrapuso este criterio con los vínculos que, según enumeró, Machado mantuvo con diversas entidades como la Armada Argentina, la UIF, la IGJ, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA. Espert preguntó: “¿Debo ser clarividente yo?”, al referirse al estándar que, según afirmó, utilizó el juez para atribuirle conocimiento. Sobre Varianza, Espert señaló que la empresa nunca facturó a Machado ni a sociedades relacionadas con él, y que tampoco recibió fondos de la operación, agregando que el auto calificó su intervención como “de escasa relevancia”.
Fuente: Infobae
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