Estados Unidos | Un pastor de una iglesia cristiana en Kirkland, Washington, ha sido acusado de 15 cargos federales, incluyendo fraude electrónico y lavado de dinero, tras una investigación del FBI y el IRS. Cristian Popescu, de 46 años, es señalado de despojar a más de 30 feligreses de aproximadamente 13 millones de dólares mediante un esquema fraudulento.
Popescu, ciudadano rumano residente en Bothell, se declaró no culpable el 13 de octubre de 2026 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Seattle. Su juicio está programado para el 21 de diciembre de este año, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington.
La acusación formal detalla que Popescu, líder de la congregación Passion for Christ, convenció a sus fieles de invertir en una empresa ficticia llamada Followone, Inc., supuestamente ubicada en Bellevue. El pastor afirmó que la compañía operaba una plataforma de internet que combinaba un mercado global en línea con una red social para la compra y venta de bienes y servicios. Sin embargo, la plataforma era un entramado de pantallas no funcionales.
Para captar inversores, Popescu utilizó la confianza espiritual de su congregación, asegurando que “Dios los eligió para invertir” y que sus aportes contribuirían a la misión de la iglesia. Prometió que los fondos permanecerían en Followone y que podrían ser retirados en cualquier momento. Además, ofreció puestos en la junta directiva de la empresa a quienes invirtieran un millón de dólares, instando a las víctimas a usar sus cuentas de jubilación, solicitar préstamos o hipotecas, e incluso los ahorros universitarios de sus hijos.
El esquema se mantuvo con una fachada elaborada. Popescu alquiló oficinas costosas en Bellevue y afirmó tener 20 empleados, aunque solo tres trabajaban allí. Publicó comunicados de prensa con declaraciones falsas sobre el rendimiento de la empresa, aseguró haber contratado ingenieros de software de compañías tecnológicas importantes y afirmó que Followone tenía un valor de 1.400 millones de dólares, a pesar de que no valía prácticamente nada. También creó un sitio web que mostraba un crecimiento ficticio de las inversiones y difundió la promesa de que la empresa cotizaría en la bolsa Nasdaq.
Para simular actividad comercial legítima, Popescu creó empresas fantasma que aparentaban tener relaciones de negocios con Followone. El dinero de los inversores se utilizó para pagar facturas falsas emitidas por estas entidades ficticias, que él controlaba. La acusación señala que Popescu transfirió más de 4.5 millones de dólares de los fondos de Followone a cuentas propias, de su esposa y de otros familiares. Se pagó a sí mismo más de 1 millón de dólares en salarios entre 2017 y 2024, y destinó unos 300.000 dólares a su esposa, quien no era empleada de la compañía. Los fondos se usaron para gastos personales y operaciones bursátiles en su cuenta de inversión.
Popescu impuso un estricto hermetismo, exigiendo a los inversores firmar acuerdos de confidencialidad y comunicarse solo a través de servicios de mensajería cifrada. En reuniones presenciales, les pedía apagar sus teléfonos y desactivar dispositivos inteligentes. Cuando los inversores exigieron la devolución de su dinero, Popescu alegó que los reembolsos interferirían con la futura salida a bolsa. A quienes expresaron dudas, los acusó de estar “poseídos por demonios” y se mostró iracundo, según la acusación federal.
La acusación incluye diez cargos de fraude electrónico y cinco de lavado de dinero. Una víctima invirtió cerca de 1 millón de dólares en una sola transferencia, mientras que otras realizaron aportes de aproximadamente 600.000 y 500.000 dólares. Los cargos de lavado detallan cómo Popescu movió los fondos de la cuenta de Followone a sus cuentas personales.
El fiscal federal interino Charles Neil Floyd declaró que Popescu “atrajo a inversores de su iglesia con materiales de marketing falsos, sitios web y oficinas costosas, y luego tomó su dinero para sus propios lujos y operaciones bursátiles, al traicionarlos financiera y espiritualmente”. La agente especial a cargo Carrie Nordyke, de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) en Seattle, añadió que “el crimen financiero no es un delito sin víctimas y con frecuencia destruye la vida de quienes lo padecen”.
A pesar de las objeciones de los fiscales, Popescu fue puesto en libertad bajo monitoreo electrónico mientras espera el juicio. El fraude electrónico conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares por cargo, mientras que el lavado de dinero puede acarrear hasta diez años de prisión y una multa equivalente. Los cargos son alegaciones y toda persona se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. El caso es investigado por el FBI y la IRS-CI.
Fuente: Infobae
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