México | La Fiscalía General de la República (FGR) y la periodista Lydia Cacho han solicitado a una jueza federal la imposición de la pena máxima de 12 años de prisión contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por el delito de tortura cometido en su contra en 2005. Esta petición se realizó durante la audiencia de alegatos finales, celebrada de forma remota el jueves 29 de octubre en el Juzgado Cuarto de Distrito de Cancún, Quintana Roo, ante la jueza María José Pech Sáenz, en un proceso que se ha extendido por 21 años.
La pena máxima solicitada por la FGR se basa en el artículo 4 de la ley de tortura vigente en Quintana Roo al momento de los hechos. Si se aplica esta condena, Marín podría salir en libertad a principios de 2033. Pedro Cárdenas, Oficial de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, organización que brinda acompañamiento legal a Cacho, confirmó que la FGR concluyó en sus acusaciones que el expolítico debe ser declarado culpable y condenado a dicha pena.
La jueza Pech Sáenz anunció que resolverá el fondo del asunto “a la brevedad posible”, una vez que sus cargas de trabajo lo permitan, y dispone de un plazo de hasta 60 días para emitir su fallo, tras revisar los 66 tomos que componen la causa penal. Sin embargo, la resolución final está pendiente de un amparo promovido por la defensa de Marín, relacionado con su edad y estado de salud, por lo que no hay una fecha definitiva para el veredicto.
La audiencia marcó el primer encuentro, aunque virtual, entre Cacho y Marín desde los hechos. La periodista, conectada desde España donde reside desde 2019 como víctima de desplazamiento forzado, expresó: “Es la primera vez en mi vida que veo de frente al exgobernador Mario Plutarco Marín Torres”. Marín, por su parte, participó desde el Centro Federal de Readaptación Social número 1, El Altiplano, en el Estado de México.
Durante su intervención, Cacho recordó la promesa hecha en 2003 a las víctimas de la red de explotación sexual liderada por Jean Succar Kuri y Kamel Nacif. Describió el proceso como “una batalla colectiva de un país que está cansado” de que gobernadores utilicen el aparato estatal para proteger a grupos de delincuencia organizada. La periodista exigió disculpas públicas de Marín hacia ella y la sociedad poblana, y anunció que presentará un escrito solicitando la reparación integral del daño, afirmando que el exmandatario “ordenó mi castigo, lo celebró y me mandó a dar un coscorrón”.
La defensa de Marín, a cargo de la abogada Pamela Ramírez Cruz, argumentó la inexistencia de pruebas que acrediten la responsabilidad directa del exgobernador en la orden o ejecución de los actos de tortura. Marín, leyendo su defensa desde el penal, aseguró que su participación se limitó a dos llamadas telefónicas relacionadas con la orden de aprehensión y la custodia de la detenida, declarando: “No hay prueba material de que ordenara la detención y tortura en contra de la periodista Lydia Cacho”. Solicitó una sentencia absolutoria, invocando su presunción de inocencia y citando seis argumentos sobre la “invalidez e insuficiencia probatoria” en la causa penal. Respecto a la llamada telefónica con Kamel Nacif, donde se le escucha decir que ya le mandó a dar un “coscorrón a la pinche vieja”, la defensa afirmó que la expresión no se refería a la periodista.
El Ministerio Público Federal sostuvo que se acreditó la participación de Marín como autor mediato, a través de sus subordinados en la entonces Policía Judicial de Puebla, dada su posición como gobernador y cúspide de la estructura de poder estatal. Según la Fiscalía, durante el traslado de 20 horas de Cancún a Puebla, Cacho sufrió violencia psicológica y moral, amenazas de muerte, suspensión de tratamiento médico, exposición a cambios bruscos de clima y falta de líquidos y alimentos. En Puebla, el expediente indica que se permitió que un hombre la empujara, le jalara el cabello y golpeara su cabeza contra la pared.
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la perspectiva de género, al tratarse de una periodista agredida por ejercer su libertad de expresión, y que se considere la condena de 2018 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra el Estado mexicano por este caso. También pidió la suspensión de los derechos civiles y políticos del exmandatario y una amonestación pública.
El caso se originó con la denuncia del empresario textilero Kamel Nacif contra Cacho por difamación y calumnias, tras la publicación en 2004 de su libro “Los demonios del Edén”, que documentó una red de pornografía infantil en Cancún, liderada por Jean Succar Kuri, quien falleció en junio de 2024 mientras cumplía su sentencia. Cacho fue detenida el 16 de diciembre de 2005 en Cancún y trasladada por carretera a Puebla. Marín fue arrestado el 3 de febrero de 2021 en Acapulco, Guerrero, después de casi tres años prófugo, y permanece preso en el penal de El Altiplano. El 11 de abril de 2019, el Primer Tribunal Unitario de Quintana Roo, a cargo de la magistrada María Elena Suárez, había ordenado la aprehensión de Marín, Nacif y mandos policiacos por el delito de tortura.
La audiencia del 29 de octubre había sido pospuesta del 20 de octubre debido a una falla técnica en la plataforma Webex que inhabilitó la cuenta de la defensa de Cacho. Artículo 19 México y Centroamérica expresó su inconformidad por este retraso, destacando los 21 años de impunidad en el caso. Cacho recordó, en una transmisión previa desde España, que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin conocer una sentencia contra el exgobernador. Tras la audiencia de alegatos finales, Cárdenas, de Artículo 19, señaló que la jueza dictaminará “pronto” en este caso previo a la sentencia.
Fuente: Infobae
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