Yemen | Human Rights Watch (HRW) ha acusado a los hutíes de posibles crímenes de guerra por la privación de alimentos, agua y medicinas a la población civil en Taiz. Esta situación se agudizó tras un ataque con explosivos el 18 de octubre en la vía de Hayjat al-Abd, una ruta de abastecimiento crucial que conecta la ciudad con el sur del país.
HRW examinó fotografías, videos e imágenes satelitales, concluyendo que los daños en una alcantarilla eran consistentes con una detonación subterránea. Un familiar de un testigo describió la explosión como “masiva y aterradora”, con rocas alcanzando su hogar.
Según residentes y otras fuentes consultadas, los hutíes controlaban la zona de Al Turba desde el 4 de octubre. HRW indicó que no hubo combates terrestres ni movimientos de tropas gubernamentales en el sector la noche del ataque.
Este incidente del 18 de octubre siguió a un ataque previo en la misma carretera, entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, que dañó una alcantarilla cerca del mercado de Souq al-Wahati. La organización no pudo determinar la autoría de esta primera acción.
Tras el primer ataque, fuerzas alineadas con el Gobierno yemení recuperaron el sector y cubrieron el tramo afectado con tierra para permitir una circulación limitada. Aunque las autoridades restringieron el tránsito por temor a nuevos ataques, algunos vehículos lograron transportar harina a Taiz antes de la segunda explosión.
Los hutíes han mantenido la ciudad de Taiz bajo asedio desde 2015, en el contexto de la guerra contra el Gobierno reconocido internacionalmente. Aunque algunas vías se reabrieron en 2024, la actual ofensiva insurgente ha vuelto a cerrar los accesos terrestres, dejando a la población con escasas opciones de abastecimiento.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) informó el 14 de octubre que no pudo acceder a más de 600.000 personas en Taiz que dependen de asistencia humanitaria. El organismo advirtió sobre el inminente agotamiento de las reservas de harina de trigo y la limitada duración de los alimentos disponibles en los mercados si las restricciones persisten.
La escasez de combustible ha provocado un aumento significativo en los precios de los productos básicos. Testimonios recogidos por HRW señalan que el valor de las verduras se duplicó y el gas para cocinar se incrementó en un 400%.
La falta de diésel también ha afectado la producción de agua. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) indicó que las bombas de extracción operan con limitaciones, reduciendo el suministro a la mitad en las últimas semanas. El costo del agua transportada por camiones cisterna, de la que dependen muchos habitantes, se ha triplicado, según Naciones Unidas.
Los hospitales también enfrentan serios problemas. Médicos locales reportaron dificultades para pacientes con cáncer, enfermedades renales y otras patologías crónicas para acceder a los centros sanitarios desde las áreas periféricas. Varios establecimientos carecen de anestesia, oxígeno y combustible para generadores.
Laurent Bukera, coordinador humanitario de Naciones Unidas en Yemen, declaró que el sistema sanitario de Taiz está “cerca del colapso”. Los cortes eléctricos amenazan los cuidados intensivos, las diálisis y los tratamientos para recién nacidos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha incluido a Taiz entre las zonas más afectadas por el brote de cólera en Yemen. La provincia alberga a cerca de 126.000 desplazados internos, de un total de aproximadamente 276.000 registrados en todo el país hasta el 24 de octubre.
La OMS señaló que las condiciones en los refugios, la falta de agua, las deficiencias de saneamiento y la interrupción de la recolección de residuos aumentan el riesgo de enfermedades. Parte de los insumos médicos destinados a Taiz se encuentran almacenados en Adén debido a las restricciones en las carreteras.
Human Rights Watch recordó que el derecho internacional humanitario prohíbe el uso del hambre de civiles como método de guerra y la destrucción de bienes indispensables para su supervivencia. La organización sostiene que el ataque contra la carretera podría constituir un crimen de guerra si su objetivo fue impedir el acceso de la población a productos esenciales.
Fuente: Infobae
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