Colombia | La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha judicializado a la jueza Miryan Alcira Martínez López, titular del Juzgado 77 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, bajo la acusación de haber aceptado una promesa de 1.200 millones de pesos colombianos y posteriormente recibido dinero para conceder la libertad al ciudadano neerlandés Marcus van der Boot, quien era solicitado en extradición por narcotráfico.
El caso también involucra a la abogada Emperatriz Herrera Cuenca y a Gualdo Garavito Mejía, funcionario del Centro de Servicios Judiciales. La Fiscalía investiga si los tres participaron en un plan para tramitar un hábeas corpus que resultó en la liberación del extranjero.
Durante la audiencia, la fiscal especial contra la corrupción, Margarita Rosa López, imputó a Martínez López los delitos de cohecho propio, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción. A Herrera Cuenca y Garavito Mejía se les imputaron cohecho propio y falsedad ideológica en documento público.
Según la Fiscalía, el expediente fue asignado al despacho de Martínez López, quien el 13 de junio ordenó la libertad inmediata de Van der Boot. La acusación señala que se gestionó una modificación del turno judicial para que el trámite se realizara durante un fin de semana. La fiscal López indicó que la presidencia del Consejo autorizó el cambio de turno del sábado 13 de junio, "ajena a la intención maliciosa detrás de la solicitud".
Previamente, la defensa de Van der Boot había presentado dos solicitudes de hábeas corpus que fueron rechazadas por el Juzgado 47 Penal del Circuito y el Juzgado 58 Civil del Circuito de Bogotá. Tras estos rechazos, el extranjero habría contactado a Herrera Cuenca para una nueva solicitud. La abogada, según la acusación, debía reclutar funcionarios que asesoraran el trámite, aseguraran el reparto y facilitaran una decisión favorable a cambio de dinero.
La Fiscalía ubicó una reunión el jueves 4 de junio de 2026 en la sede judicial de Paloquemao, Bogotá, donde Herrera Cuenca se reunió con Martínez López en la oficina del Juzgado 77. Durante este encuentro, se habría realizado una videollamada con Van der Boot, en la que la jueza y la abogada le habrían confirmado al detenido que el acuerdo para gestionar su libertad seguía en pie.
Las imputaciones formuladas por la Fiscalía no constituyen una condena. El proceso judicial continuará, permitiendo a la jueza, la abogada y el funcionario ejercer su defensa.
Este no es el primer cuestionamiento a la jueza Martínez López. En 2018, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá abrió una vigilancia administrativa en su contra por haber autorizado la libertad del líder camionero Pedro Aguilar. En ese caso, una persona se hizo pasar por fiscal durante la audiencia. La revisión buscaba determinar si la jueza fue engañada o si incurrió en irregularidades. También se analizaron dos solicitudes de libertad anteriores de Aguilar que fueron rechazadas. Adicionalmente, su trayectoria fue revisada por una decisión de noviembre de 2017, cuando ordenó la libertad de un funcionario de tránsito investigado por presunta corrupción.
Fuente: Infobae
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