Colombia | La jueza octava administrativa de Cúcuta, Magda Yolima Prada Gómez, declaró en desacato y sancionó a cinco funcionarios de la Contraloría General de la República, incluyendo al contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas. La sanción se impuso por el incumplimiento de una orden judicial que exigía reactivar el concurso de méritos para cubrir 3.144 cargos vacantes.
La decisión judicial, emitida el miércoles 28 de octubre, también afectó al vicecontralor Francisco José Chaux Donado; la gerente de Talento Humano, Elizabeth Monsalve Camacho; el director jurídico, Miguel Ángel Mancera Villa; y la directora de Carrera Administrativa, Julieth Andrea Capera González. La medida obliga a acatar de inmediato la sentencia y será revisada por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander.
El juzgado concluyó que los funcionarios no cumplieron la orden del 6 de octubre, que demandaba reactivar el proceso de selección y divulgar un nuevo cronograma en un plazo de 48 horas tras la notificación. La Contraloría General de la República recibió esta sentencia el 7 de octubre.
La orden judicial buscaba proteger los derechos de Mildrey Camargo Rodríguez, una aspirante al concurso, después de que la entidad suspendiera el proceso el 17 de septiembre. La Contraloría había justificado la suspensión argumentando la necesidad de adoptar medidas para los participantes afectados por un terremoto ocurrido el 10 de agosto.
Sin embargo, el 7 de octubre, el Consejo Superior de Carrera Administrativa aprobó un calendario que posponía hasta el 30 de octubre la publicación de la nueva programación. Para la jueza, esta determinación ignoró el mandato judicial y generó una demora sin justificación suficiente. El despacho consideró que la identificación de los aspirantes afectados por el sismo podía avanzar sin paralizar el resto del concurso, y señaló que la Universidad de Antioquia, encargada del proceso, había presentado dos alternativas para reanudar actividades el 15 de octubre.
La jueza indicó que el Consejo Superior de Carrera Administrativa descartó la propuesta que permitía una reactivación más rápida sin ofrecer explicaciones suficientes. En el caso del contralor Laverde, el juzgado señaló que no impartió las instrucciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia, a pesar de su posición jerárquica. Respecto al vicecontralor Chaux, se destacó que presidió la sesión del 7 de octubre y firmó el acto que aplazó la publicación del calendario.
Monsalve y Mancera fueron sancionados por votar a favor del aplazamiento y no gestionar la convocatoria de la Comisión de Personal, instancia clave para resolver reclamaciones de los participantes. Capera González, secretaria técnica del Consejo Superior de Carrera Administrativa, no adelantó la publicación inmediata de una de las alternativas de cronograma de la Universidad de Antioquia.
La Contraloría argumentó durante el proceso que sus decisiones buscaban proteger a los afectados por el terremoto y que no hubo intención de desobedecer la orden judicial, una explicación que la jueza desestimó como insuficiente para el incumplimiento.
La providencia también menciona que la Universidad de Antioquia había analizado el 99,2% de las 5.155 reclamaciones relacionadas con puntajes de estudios y experiencia laboral. A pesar de este avance, la Contraloría no convocó a la Comisión de Personal para resolverlas, un paso necesario para consolidar los resultados del concurso y definir a los aspirantes que ocuparán los cargos.
El juzgado ordenó a la Contraloría y a su Consejo Superior de Carrera Administrativa resolver y notificar las reclamaciones pendientes, además de garantizar un cronograma definitivo que permita concluir el proceso sin nuevas suspensiones. La Universidad de Antioquia, su rector Luqegi Gil Neira, la decana Alexandra Fernández Rojas, y Nancy Carmona Cardona y Jenny Paola Rodríguez Uribe fueron exonerados de las sanciones, ya que la universidad cumplió con sus actividades y presentó propuestas para retomar el concurso, sin tener atribuciones para modificar las decisiones del Consejo Superior de Carrera Administrativa.
Aunque la entidad publicó un nuevo cronograma el 16 de octubre, después del plazo de 48 horas, la jueza sostuvo en el auto del 28 de octubre que la Contraloría no acreditó el cumplimiento efectivo de la sentencia y advirtió sobre posibles nuevas multas si persiste el incumplimiento. Si la decisión queda en firme, los cinco funcionarios deberán asumir las sanciones con recursos propios en un plazo de 10 días.
Fuente: Infobae
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