Colombia | El Gobierno Nacional ha radicado ante el Congreso una Ley de Ajuste Fiscal con el objetivo de corregir las cuentas públicas en un 2,39 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el año 2027. La iniciativa combina recortes de gasto, modificaciones en la financiación del sistema de salud y cambios tributarios para personas y empresas.
Uno de los cambios propuestos más significativos se refiere a los aportes a salud. El proyecto plantea que los trabajadores con ingresos mensuales superiores a $3,5 millones pasarían a cotizar entre 5,5 % y 8 %, dependiendo de su nivel de ingreso, en contraste con el 4 % actual. Para contratistas y trabajadores independientes, el aporte aumentaría de 12 % a 12,5 %.
Las empresas también verían modificaciones en sus aportes a salud. Se propone que comiencen a pagar un 4 % por trabajadores con salarios entre $3,5 millones y $5,25 millones, y un 8,5 % por aquellos que superen este último monto. Adicionalmente, un punto del recaudo de las cajas de compensación sería destinado directamente a financiar el sistema de salud.
En cuanto al impuesto de renta para personas naturales, la propuesta establece que quienes tengan ingresos anuales entre $37 millones y $57 millones empezarían a pagar renta con una tarifa mínima del 9 %. Las tarifas actuales se mantendrían para ingresos medios, mientras que aquellos con ganancias anuales superiores a $454 millones enfrentarían una tarifa general del 39 %.
Un cambio de impacto en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) se produciría a partir del 1 de enero de 2028, con la eliminación de la tarifa reducida del 5 %. Productos y servicios actualmente gravados con esta tarifa, como avena, café, servicios de vigilancia y aseo, y vehículos híbridos y eléctricos, pasarían a pagar el 19 %. Asimismo, celulares, computadores, tabletas, patinetas y bicicletas eléctricas con precios inferiores a $2.615.000 dejarían de estar exentos y también pagarían el 19 % de IVA. Sin embargo, productos y servicios como arroz, pan, carne, huevos, papa, lácteos, medicamentos, salud, educación, arriendo de vivienda, servicios públicos, medicina prepagada, transporte público y ACPM seguirían exentos.
La iniciativa también introduce un nuevo esquema de devolución de IVA denominado EfectIVA, que comenzaría a operar en enero de 2028. Este programa buscaría devolver el IVA de manera total a aproximadamente 19 millones de personas en situación de pobreza y otorgar una compensación parcial a otras 16 millones. La devolución se realizaría a través de la factura electrónica, cubriendo el impuesto efectivamente pagado, con un tope mensual de alrededor de $288.000. Este esquema reemplazaría los giros actuales del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) relacionados con la devolución del IVA.
Por otro lado, el proyecto plantea alivios tributarios para las empresas. La tarifa de renta empresarial se reduciría del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % a partir de 2028. Para bancos y entidades financieras, la tarifa pasaría del 40 % al 38 % en 2027 y luego al 36 % hasta 2030. También se propone eliminar la sobretasa de renta para los sectores de petróleo y carbón. En el impuesto al patrimonio, este dejaría de aplicarse desde los actuales $3.770 millones y solo recaería sobre patrimonios superiores a $5.000 millones, eliminando la tarifa del 1,5 % para los patrimonios más altos.
Finalmente, la Ley de Ajuste Fiscal crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), dirigido a grandes inversiones. Para acceder a este régimen, se exigirían inversiones superiores a $135.000 millones en sectores como agroindustria, turismo y servicios, y de $426.000 millones en infraestructura y energía. Estos proyectos podrían beneficiarse de tarifas de renta del 20 % o 26 %, según el año de inicio, y de una estabilidad tributaria de hasta 16 años.
Fuente: Infobae
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