Nicaragua | La Asamblea Nacional de Nicaragua ha suprimido la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y de Resolución Alterna de Conflictos, junto con Procompetencia y la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), mediante la Ley N.º 1287. Esta ley, aprobada el 29 de octubre de 2026 y publicada el 30 de octubre de 2026 en La Gaceta, Diario Oficial, elimina los trámites y acreditaciones relacionados con la resolución alterna de controversias y deroga la normativa que regulaba la promoción de la competencia.
La medida también dejó sin efecto la Ley N.º 601 de Promoción de la Competencia y las disposiciones que establecían procedimientos ante la DIRAC. Los bienes, activos y recursos financieros de Procompetencia y la DIRAC serán reasignados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de Justicia. Además, se anularon las acreditaciones otorgadas a personas naturales y jurídicas para ejercer como mediadores, árbitros, centros de mediación o entidades administrativas de mecanismos alternos de solución de controversias.
La DIRAC permitía la resolución de conflictos sin necesidad de un juicio ordinario, con acuerdos civiles de cumplimiento obligatorio y decisiones penales que, aunque requerían homologación judicial, también eran obligatorias. Este mecanismo, incorporado al sistema jurídico nicaragüense con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1998 y consolidado con la Ley de Mediación de 2005, reducía los tiempos y costos de los litigios. Un abogado consultado por Confidencial.digital señaló que la eliminación de esta institución deja a los ciudadanos con menos herramientas para resolver sus diferencias, y que la mediación ha vuelto a ser competencia del Poder Judicial, donde los jueces responden al gobierno. La desaparición de la DIRAC también implica el cierre de sus sedes en todo el país, dejando a su personal sin empleo.
Por su parte, la supresión de Procompetencia elimina la entidad encargada de prevenir y sancionar prácticas que restringieran la competencia en el mercado, incluyendo la prevención de monopolios y la limitación del dominio de grandes conglomerados. La legislación derogada definía la competencia como un mecanismo para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, fomentando una cultura de competencia y sancionando prácticas anticompetitivas. El abogado consultado recordó una resolución de Procompetencia que calificó como inconstitucional, ilegal y desleal la existencia de una asociación de bancos, argumentando que la concentración de entidades financieras reducía la competencia y afectaba los intereses de los usuarios de créditos.
Fuente: Infobae
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