Gobierno de Trump solicita a la Corte Suprema que California aparte 20.000 votos por correo

Estados Unidos | El gobierno de Donald Trump ha recurrido a la Corte Suprema para solicitar que California separe aproximadamente 20.000 papeletas de voto por correo, las cuales considera sospechosas de haber sido enviadas a individuos que podrían no ser ciudadanos estadounidenses. Esta petición de emergencia fue presentada el lunes, a menos de 24 horas de las elecciones de medio término.

La solicitud surge después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara la petición de la administración para que las autoridades estatales retuvieran estos votos mientras se verificaba la condición de los electores. Tribunales inferiores ya habían fallado a favor de California, cuestionando la intervención del gobierno federal en la organización de los comicios.

Según The New York Times, los abogados de Trump pidieron a los magistrados una medida limitada: ordenar que las papeletas en cuestión se mantengan separadas hasta que se determine si corresponden a ciudadanos habilitados para votar. El procurador general, D. John Sauer, argumentó que esta disposición no anularía sufragios, sino que permitiría revisar la elegibilidad de las personas en la lista.

El gobierno de Donald Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema para apartar 20.000 papeletas de votación en California (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La administración sostiene que la legislación federal prohíbe la participación de no ciudadanos en elecciones federales, otorgando al Departamento de Justicia facultades para intervenir si se envían papeletas a quienes no cumplen este requisito. Por su parte, California afirma que la lista del gobierno contiene errores y podría incluir a ciudadanos estadounidenses.

El conflicto se inició en octubre, cuando el Departamento de Justicia envió a funcionarios electorales del condado de Los Ángeles una lista de unos 20.000 nombres, identificados como posibles no ciudadanos, solicitando que sus papeletas por correo fueran apartadas. Sin embargo, The New York Times reconstruyó que las autoridades no explicaron cómo se elaboró el registro. De los nombres en la lista para Los Ángeles, solo 7.035 correspondían a domicilios en ese condado, y funcionarios locales verificaron que algunos señalados habían nacido en Estados Unidos y eran ciudadanos.

El procurador general argumentó que la medida busca verificar la ciudadanía de los electores sin anular sufragios de forma automática (REUTERS/Mike Blake)

La agencia Associated Press informó que las autoridades californianas consideran la lista poco fiable y que separar esos votos podría privar del sufragio a ciudadanos con derecho a participar. En California, con aproximadamente 23 millones de votantes registrados, las papeletas se envían por correo, y cientos de miles ya habían sido procesadas cuando la administración acudió a la justicia.

El juez federal David O. Carter rechazó el planteamiento del Departamento de Justicia, advirtiendo que apartar las papeletas podría alterar el funcionamiento electoral y desalentar a trabajadores y votantes. Posteriormente, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones desestimó el pedido por dos votos contra uno, considerando que la intervención invadía las atribuciones de California para administrar sus procesos electorales. La mayoría también advirtió que modificar el tratamiento de miles de papeletas a pocos días de la elección podría causar una alteración extraordinaria del sistema de recuento.

Boletas enviadas por correo y registradas, al comenzar el proceso de escrutinio en la Oficina del Registro de Votantes del Condado de San Diego, en San Diego, California, EE. UU., el 23 de octubre de 2026 (REUTERS/Mike Blake)

Este caso forma parte de una campaña más amplia del gobierno de Trump para detectar y denunciar la participación de no ciudadanos en las elecciones, aunque los casos documentados de sufragio ilegal por parte de no ciudadanos son poco frecuentes. El Departamento de Justicia ha emitido citaciones a trabajadores electorales en California y ha acusado a 28 personas de violar leyes electorales federales, además de amenazar con acciones penales vinculadas a sus denuncias sobre el voto de personas sin ciudadanía.

El fiscal general de California, Rob Bonta, ha cuestionado la intervención federal, argumentando que el gobierno de Trump no tiene autoridad para modificar los procedimientos electorales del estado y que las acusaciones de fraude generalizado pueden sembrar dudas sobre el sistema democrático y poner en riesgo el derecho al voto de ciudadanos habilitados. La Corte Suprema deberá decidir ahora si acepta el pedido de emergencia de la administración.

El estado de California cuenta con 23 millones de electores registrados bajo un sistema que distribuye los sufragios por vía postal (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Fuente: Infobae

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