Argentina | El Gobierno nacional ha decidido retirar por completo el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, lo que detendrá su tratamiento en la Cámara de Diputados. La medida se toma tras la controversia generada por un artículo que proponía gravar con el Impuesto a las Ganancias las inversiones realizadas a través de Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs).
Fuentes de la Casa Rosada y del bloque de diputados libertario confirmaron que la totalidad del proyecto será revisada antes de ser presentado nuevamente ante ambas cámaras. Inicialmente, se había anunciado que solo se eliminaría el artículo referente a los CEDEARs, instrumentos que se negocian en el mercado local y representan activos que cotizan en el extranjero.
Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, había declarado previamente en su cuenta de X que el artículo sobre los CEDEARs era un “borrador viejo” y que sería retirado. El objetivo de dicho apartado era equiparar el régimen impositivo de las operaciones con CEDEARs al de la compra directa de activos extranjeros, lo que habría implicado que las ganancias de estas inversiones estuvieran sujetas al Impuesto a las Ganancias, con una alícuota que podría haber alcanzado el 15% para certificados adquiridos a partir del 31 de octubre de 2026, si el Congreso lo aprobaba.
El capítulo en cuestión buscaba reemplazar un inciso del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, aplicando un criterio de “transparencia fiscal” para que el tratamiento tributario dependiera del activo subyacente y no del vehículo de inversión. Esto habría significado que un inversor en una empresa extranjera mediante un CEDEAR recibiría el mismo trato fiscal que quien adquiriera la acción directamente en el exterior.
El proyecto de Ley de Competitividad Financiera, enviado a Diputados el lunes, constaba de 240 artículos. Su propósito era introducir modificaciones en el mercado de capitales, los mecanismos de crédito, el sistema de garantías y ciertas disposiciones tributarias. La iniciativa retomaba propuestas del presidente Javier Milei de julio, buscando flexibilizar regulaciones en el sector financiero.
Entre los puntos clave del proyecto se incluía la incorporación de tecnologías de registros distribuidos, como blockchain, para la emisión, guarda, transferencia y negociación de valores negociables. También se preveía que estos instrumentos pudieran operar fuera de los sistemas tradicionales de depósito centralizado, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y con exigencias de seguridad y trazabilidad.
Además, la propuesta contemplaba la creación de “Otros Ámbitos de Negociación Autorizados”, una categoría para plataformas digitales y sistemas administrados por Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, cuyas transacciones tendrían validez jurídica. La reforma también delimitaba las atribuciones del Banco Central y la CNV, asignando a la autoridad monetaria el control sobre pagos en pesos o moneda extranjera, y a la CNV la regulación de la emisión y negociación de valores negociables tokenizados.
El Ejecutivo también proponía ampliar los activos que pueden respaldar un crédito, incluyendo activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, acciones, participaciones societarias, créditos contractuales, existencias, ingresos futuros y fondos depositados. Para centralizar la información de estas garantías, se planteaba la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías. Asimismo, se buscaban modificaciones para pagarés, cheques, tarjetas, warrants, fideicomisos, fondos comunes de inversión y facturas de crédito electrónicas para pymes, permitiendo cláusulas de actualización e indexación en pagarés y la inversión de fondos comunes en activos virtuales bajo condiciones de la CNV.
Fuente: Infobae
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