Colombia | El gobierno de Abelardo de la Espriella ha presentado al Congreso la Ley de Rescate Económico, que incluye la propuesta de crear el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge). Este esquema busca ofrecer 16 años de estabilidad jurídica y tributaria a grandes inversiones, con tarifas de impuesto de renta del 20% o 26%, lo que ha generado debate sobre su impacto en las finanzas públicas y su potencial para atraer capital privado.
La iniciativa, que incorporaría un Libro Noveno al Estatuto Tributario (artículos 917 a 925), tiene como objetivo reactivar la inversión privada, proporcionar seguridad jurídica a largo plazo y fomentar las compras a proveedores nacionales. Para adherirse al Ruge, los inversionistas deberán constituir una nueva sociedad o sucursal dedicada exclusivamente al proyecto y obtener un certificado de adhesión del Comité de Garantías y Estabilidad. Las solicitudes se recibirán hasta el 31 de diciembre de 2029, y hasta 2031 para asociaciones público-privadas (APP).
El Ruge no estará disponible para todas las empresas. En sectores como infraestructura, energía y recursos naturales (incluyendo minería, petróleo, gas, electricidad, agua, transporte y obras civiles), se exigen inversiones mínimas de 8.140.000 unidades de valor tributario (UVT), equivalentes a $426.324.360.000 en 2026, con un plazo de hasta ocho años para la ejecución de las obras. El consultor minero-energético Sergio Cabrales detalló que los umbrales en dólares serían de USD132,5 millones para infraestructura, energía y recursos naturales; USD90 millones para industria y economía digital; y USD42 millones para agroindustria, turismo y servicios. El comercio, el sector financiero, las actividades inmobiliarias y la administración pública están expresamente excluidos.
Los proyectos que inicien su ejecución en 2027 o 2028 tributarán con una tarifa de renta del 20%, mientras que los que comiencen a partir de 2029 pagarán el 26%. Estas tasas se mantendrán durante los 16 años de vigencia del régimen, sin sobretasas ni puntos adicionales. Lisandro Junco, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), señaló que el Ruge eximiría de toda sobretasa a las inversiones bajo este nuevo régimen, a diferencia de la prórroga de la sobretasa del 5% al sector financiero hasta 2030 y el mantenimiento de las sobretasas al carbón y al petróleo.
Además de las tarifas reducidas, el articulado contempla una depreciación acelerada de hasta el 50% anual para maquinaria, equipos y redes, y de hasta el 10% para construcciones y edificaciones. También se prevé la exención del impuesto al patrimonio para el vehículo jurídico del proyecto y un tratamiento arancelario preferencial y temporal para la importación de maquinaria y bienes de capital no producidos en el país. Sin embargo, las personas naturales residentes seguirán las reglas generales.
A cambio de estos beneficios, las empresas adheridas deberán cumplir con varias condiciones: ejecutar al menos el 40% de la inversión comprometida en los dos años posteriores a la inscripción, adquirir en el país al menos el 30% de sus bienes y servicios (con un tercio de ese porcentaje destinado a mipymes o proveedores locales), pagar anualmente al Tesoro el 0,1% del valor acumulado de la inversión ejecutada y constituir una póliza de cumplimiento de al menos el 2% de la inversión comprometida.
El gobierno estima que el Ruge podría comprometer cerca de $31 billones (unos USD7.600 millones) en inversiones entre 2027 y 2030, y generar alrededor de 29.000 empleos directos en plena operación, según citó Cabrales. Por otro lado, Junco mencionó una proyección de 350.000 empleos, sin especificar el universo o período. Junco también advirtió que el proyecto limitaría la exoneración de aportes patronales a salud, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) a trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos, lo que incrementaría los pagos de los empleadores por encima de ese umbral.
Juan Navarrete, director socio de Navarrete Consultores, considera que la estabilidad de 16 años, las tarifas del 20% y 26%, y la depreciación acelerada son elementos clave para que proyectos de infraestructura, energía, tecnología y turismo obtengan financiación. En contraste, Oliver Pardo, director del Centro Javeriano de Competitividad, calificó el artículo 69, que crea el Ruge, como “un régimen especial absolutamente regresivo”, argumentando que aumenta los beneficios tributarios y crea un nuevo régimen especial en lugar de eliminarlos. Pardo señaló que sectores como la construcción y la minería podrían ser beneficiados, lo que podría restarle legitimidad social y viabilidad política a la reforma.
Daniel Munevar, magíster en Asuntos Públicos de la Universidad de Texas, sostuvo que las grandes empresas serían las beneficiarias netas del esquema, lo que, según él, contradice las mejores prácticas y profundiza los problemas del código tributario. Munevar criticó que el análisis de costos del Ruge no está incluido en el cuadro fiscal de la reforma. Comparó el Ruge con las zonas francas, destacando que el nuevo régimen ofrece la misma tarifa de renta en 2027 y 2028, pero con depreciación acelerada y menores impuestos a los dividendos. Recordó que una comisión de gasto tributario recomendó evitar y terminar los contratos de estabilidad que el Ruge reintroduciría. La iniciativa, que preserva los beneficios para las zonas francas y las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), fue radicada el 29 de octubre, y el gobierno tendría poco más de seis semanas para superar los cuatro debates legislativos antes del cierre de sesiones ordinarias el 16 de diciembre.
Fuente: Infobae
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