Costa Rica | El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, emitió una advertencia a los privados de libertad del Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO) luego de que se realizaran los primeros decomisos de armas artesanales en la nueva prisión. Aguilar Vargas declaró que si los reclusos convierten los tenedores plásticos en armas, estos serán confiscados y deberán encontrar otra forma de consumir sus alimentos.
La advertencia del jerarca, divulgada por el Ministerio de Justicia y Paz, surge apenas una semana después del inicio de operaciones de la cárcel de máxima seguridad, ubicada en San Rafael de Alajuela. El pronunciamiento se produjo tras una inspección realizada por la Policía Penitenciaria el pasado sábado 31 de octubre en un dormitorio de la nave cuatro del complejo.
Durante la revisión, los oficiales decomisaron siete cucharas plásticas afiladas, un arma blanca artesanal hecha con un trozo de vidrio y una empuñadura de papel, un fragmento metálico desprendido de un camarote, un frasco de vidrio que aparentemente contenía medicamentos, diez almohadas improvisadas, tiras de cobijas y una aguja de alambre, que según las autoridades, habría sido utilizada para costura.
Estos hallazgos indican que, a pesar de los controles, algunos internos han comenzado a modificar objetos cotidianos para convertirlos en instrumentos punzocortantes. Ante esta situación, Aguilar Vargas aseguró que no se tolerarán conductas que alteren la seguridad ni daños intencionales a los implementos entregados a la población penitenciaria. El ministro afirmó que si se destruyen las espumas de las camas, estas no serán repuestas, y concluyó su mensaje con la consigna: “¡Orden, control y disciplina!”.
El CACCO comenzó a recibir privados de libertad el 26 de octubre de 2026, con el ingreso de los primeros 123 internos. Una semana después, el número de reclusos supera los 600, incluyendo individuos vinculados con bandas del crimen organizado, homicidios y femicidios, así como personas relacionadas con asesinatos de oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fuerza Pública. El Ministerio de Justicia y Paz no ha especificado cuántos de los trasladados tienen condenas firmes o cuántos están en prisión preventiva.
El complejo penitenciario tiene una capacidad proyectada para 5.100 personas, distribuidas en cinco módulos, y forma parte de la estrategia gubernamental para reforzar la vigilancia sobre la población penitenciaria de mayor riesgo. La Policía Penitenciaria continuará realizando inspecciones en dormitorios, pasillos y pasarelas para detectar materiales que puedan usarse para fabricar armas. Hasta el momento, las autoridades no han detallado quiénes elaboraron los objetos decomisados ni si se aplicaron sanciones individuales por estos hallazgos.
Fuente: Infobae
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