Costa Rica | El robo de cargamentos en Costa Rica ha evolucionado de delitos aislados a una actividad criminal organizada con conexiones regionales y vínculos con el narcotráfico, según revelaciones de la Fiscalía costarricense y una investigación de InSight Crime. Se han identificado casos donde bandas utilizan contenedores robados para introducir drogas en mercancía legítima.
Durante 2025, se sustrajeron al menos 156 cargamentos en el país, lo que equivale a un promedio de tres camiones por semana. Hasta julio de 2026, se registraron 71 robos, manteniendo un ritmo similar al año anterior. Desde 2016, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha documentado más de 1.300 vehículos robados en la última década.
Los asaltos se concentran en dos corredores comerciales principales. El primero abarca 520 kilómetros desde Paso Canoas, en la frontera con Panamá, hasta Peñas Blancas, en el límite con Nicaragua, utilizado principalmente por conductores internacionales. El segundo corredor, de 250 kilómetros, conecta los puertos caribeños de Limón con el puerto del Pacífico en Caldera, y es empleado por transportistas costarricenses que movilizan mercancía de exportación.
Las bandas criminales obtienen información sobre los cargamentos a través del sistema aduanero en línea Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA) y la Declaración Única Centroamericana (DUCA). Acceden a estos datos mediante trabajadores de aduanas, empresas de transporte o vigías ubicados en zonas fronterizas y puertos. Estos sistemas permiten conocer el contenido, valor y credenciales del conductor de un contenedor.
Para detener los vehículos, los grupos criminales emplean diversas tácticas, como emboscadas en estacionamientos, cercar camiones en movimiento con varios autos, o aprovechar puntos donde la velocidad debe reducirse. También se han hecho pasar por policías para obligar a los camioneros a detenerse. Una vez detenido el camión, los asaltantes, a menudo armados, abordan el vehículo. Si el conductor se resiste, es atado, amordazado y, en ocasiones, golpeado. Algunos conductores han resultado gravemente heridos o asesinados. Los rastreadores GPS instalados por las empresas de transporte son anulados con inhibidores de señal.
Posteriormente, un miembro de la banda con experiencia en manejo de camiones pesados conduce el vehículo a una bodega o desengancha el contenedor para conectarlo a otro camión. Las bandas utilizan una red de bodegas en todo el país y cuentan con intermediarios que contactan a pequeños comerciantes para revender la mercancía a la mitad o una cuarta parte de su precio original. Este negocio ilícito afecta a conductores en toda Centroamérica y repercute en los ingresos fiscales regionales, ya que los impuestos sobre productos internacionales se pagan al llegar a su destino final.
En respuesta a esta problemática, el OIJ llevó a cabo el 9 de octubre un operativo con 80 allanamientos simultáneos en nueve zonas del país, resultando en la detención de 31 personas vinculadas a una organización que operaba principalmente en Limón. Esta estructura, investigada desde 2024 bajo las causas Portus y Conexión, estaría implicada en al menos 11 robos de contenedores en Limón, Puntarenas, Liberia y San Ramón, con pérdidas estimadas en 1,5 millones de dólares. En el ámbito legislativo, Costa Rica aprobó en 2025 la ley 10736, que endurece las penas de prisión por la recepción de mercancía robada de alto valor.
A pesar de estas acciones, el mercado ilícito persiste, con decenas de denuncias adicionales registradas a mediados de este año. La Cámara de Comercio Exterior (Crecex) ha solicitado al Gobierno una estrategia de cooperación que incluya intercambio de inteligencia entre autoridades y empresas, protocolos de denuncia y mayor vigilancia en los corredores logísticos. El OIJ ha reconocido la necesidad de una coordinación permanente entre autoridades, puertos, transportistas, importadores y exportadores, más allá de la respuesta policial.
Fuente: Infobae
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