Colombia | El Senado de la República aprobó el proyecto de ley de sometimiento del Gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para que integrantes de estructuras criminales, bandas o grupos armados ilegales se entreguen a la justicia ordinaria. La aprobación se dio con 57 votos a favor y 24 en contra durante el tercer debate, en medio de discusiones con el Pacto Histórico.
El proyecto de ley establece que el sometimiento puede ser individual o colectivo, condicionado a la entrega de armas y bienes, la colaboración con la verdad y la reparación a las víctimas. La iniciativa no otorga estatus político a los grupos armados ilegales ni suspende automáticamente órdenes de captura o solicitudes de extradición. Además, se diferencia del modelo de paz total del Gobierno anterior y tendrá una vigencia de cuatro años.
El ministro del Interior, Iván Cancino, indicó que quienes deseen acogerse a la ley deberán entregar un inventario completo de sus bienes, enfatizando que “no se va a devolver dinero”. Cancino también precisó que el texto fija un límite de seis años para acceder a la libertad condicional y advirtió que el incumplimiento de las exigencias resultará en el regreso a la justicia ordinaria y la pérdida de beneficios.
Los mandos o jefes de las estructuras criminales podrán obtener reducciones de pena de hasta 30%, mientras que los demás integrantes tendrán rebajas de hasta 50%. La senadora Nadia Blel, del Partido Conservador, aclaró que los cabecillas no podrán recibir condenas inferiores a 10 años y que los beneficios estarán sujetos a aportes verificables de verdad y reparación. Blel también señaló que los condenados por reclutamiento de menores de edad quedarán excluidos de estos beneficios.
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, defendió el trámite legislativo, destacando que más de 40 senadores, incluyendo miembros de la oposición, intervinieron en la discusión. Por su parte, la senadora María Clara Posada celebró la eliminación unánime de un artículo que permitía reservar información sobre gastos de contratación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon), adscrito al Ministerio del Interior, asegurando que los recursos estatales deben estar sujetos al escrutinio público.
Senadores del Pacto Histórico, como Felipe Hernández, manifestaron que la iniciativa “estaría viciada por un presunto mal procedimiento de la mesa directiva”, argumentando que se incurrió en errores en el afán de aprobarla. El proyecto aún debe superar el trámite en la Cámara de Representantes y, si hay diferencias entre los textos, una eventual conciliación.
Fuente: Infobae
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