Paraguay | El presidente Santiago Peña anunció este miércoles una serie de medidas urgentes para abordar la crisis generada por la disolución del Ueno Bank, incluyendo cambios en la cúpula del Banco Central del Paraguay (BCP) y la promoción de una ley de emergencia para la devolución de ahorros. El mandatario aseguró que los responsables del colapso bancario ya están respondiendo ante la justicia.
Peña manifestó su preocupación por los miles de paraguayos afectados y afirmó que la prioridad del Gobierno es proteger sus ahorros y ofrecer respuestas rápidas y responsables. Sus declaraciones se produjeron en un contexto donde la oposición ha comenzado a considerar un juicio político.
Como primera acción, el presidente informó que envió al Congreso un pedido de acuerdo constitucional para designar a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del BCP, junto a Pedro Acosta y Edsel González como directores. Los tres cuentan con experiencia en el sector bancario y en manejo de crisis. Esta renovación responde a una demanda de diversos sectores, dada la situación del anterior presidente del BCP, Carlos Carvallo, quien había presidido la Financiera Ueno antes de asumir su cargo en 2023.
El Gobierno también impulsa una ley de emergencia para devolver los fondos a los ahorristas “lo antes posible”. Peña se reunió con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para avanzar en esta normativa, que, según el mandatario, cubriría al 98% de los depositantes de la entidad, con pagos que iniciarían esta misma semana. El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) protege hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona, equivalentes a 228.300.000 guaraníes (aproximadamente USD 38.622).
La disolución del Ueno Bank fue decretada por el BCP tras detectar que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo requerido. Esta decisión, anunciada el martes, afectó fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) por unos USD 380 millones, que incluyen depósitos de aproximadamente 32.000 jubilados, así como fondos de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y de la represa binacional de Itaipú, además de miles de ahorristas privados.
En paralelo a los anuncios presidenciales, la justicia ha iniciado acciones contra los directivos del Ueno Bank. La Policía Nacional detuvo a ocho directivos, incluyendo al CEO Miguel Vázquez, al presidente Juan Manuel Gustale, y a los directores Alejandro Gómez Abente y Diego Duarte Schussmuller. El último en entregarse fue Miguel Ángel Almada Frutos. Las detenciones fueron ordenadas por la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) en el marco de una causa por lesión de confianza, conducta indebida en situaciones de crisis y estafa. El Ministerio Público analiza cerca de 2.000 fojas para determinar si existen indicios suficientes para solicitar medidas cautelares.
A pesar de las medidas anunciadas, la oposición continúa con sus planes de juicio político. El senador Rafael Filizzola confirmó que se trabaja en un borrador y que hay conversaciones con sectores del oficialismo para construir una mayoría. Filizzola cuestionó la actuación del Banco Central, mientras que el diputado Mauricio Espínola señaló que el proceso dependerá de los votos en la Cámara de Diputados, donde se necesitan 53 para avanzar. El diputado Raúl Benítez fue más contundente, afirmando que el presidente “tiene que irse preso” y describiendo un escenario de desconcierto en el bloque oficialista.
Peña concluyó su mensaje haciendo un llamado a la unidad y la serenidad, solicitando a todos los sectores políticos anteponer el interés de los ahorristas a cualquier otro interés.
Fuente: Infobae
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