Colombia | La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) está elaborando una propuesta tributaria para presentar al Gobierno y al Congreso, buscando modificar las disposiciones del proyecto de Ley de Rescate Económico. El gremio manifiesta su disposición a contribuir a las finanzas públicas, pero considera que cualquier ajuste impositivo debe reconocer las diferencias entre las apuestas por internet y los establecimientos físicos.
Según Evert Montero, presidente de Fecoljuegos, el sector entiende la necesidad de aportar a la estabilidad fiscal del país y está dispuesto a hacerlo. Sin embargo, espera que sus planteamientos sean considerados durante el trámite de la iniciativa, buscando una "conversación técnica y abierta" con el Gobierno y el Congreso.
La Federación argumenta que establecer una carga tributaria sin reconocer los costos específicos de las empresas podría afectar la continuidad de los operadores legales. Por ello, busca que la discusión incluya criterios técnicos que permitan aumentar el recaudo sin poner en riesgo la actividad económica, la inversión y los empleos que genera la industria.
Montero explicó que los juegos online y los localizados tienen estructuras de negocio y costos diferentes, por lo que no deberían recibir un tratamiento tributario que desconozca esas particularidades. El gremio solicita una tributación "justa, sustentada y proporcional" que permita un esfuerzo fiscal sin comprometer la continuidad de las empresas, especialmente después de un periodo que califican de "difícil".
Fecoljuegos también subraya la importancia de medir las consecuencias de las decisiones fiscales sobre la operación legal, la inversión privada y la generación de empleo. Además, destaca el dinero que la industria transfiere al sistema de salud, un aporte que el gremio busca proteger.
La propuesta de Fecoljuegos, que será presentada al Ministerio de Hacienda y a las comisiones económicas del Congreso, considerará tres aspectos clave: las obligaciones fiscales actuales de las empresas, la capacidad efectiva del sector para aportar nuevos recursos y las acciones para combatir el juego ilegal. Este último punto es una preocupación del gremio, que insiste en mantener condiciones para que las compañías autorizadas puedan operar y competir, lo que, según su posición, impacta la inversión, los puestos de trabajo y los recursos para la salud.
Montero concluyó que la intención es encontrar una fórmula que responda a las necesidades fiscales del país y, al mismo tiempo, permita mantener la actividad dentro de la legalidad, protegiendo la inversión y el empleo como fuentes de recursos para la salud.
Fuente: Infobae
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