Costa Rica | La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, anunció que el Gobierno revisará las restricciones que afectan la utilización de aproximadamente ₡30.000 millones (USD 65 millones) del presupuesto del Poder Judicial para el año 2027. Este anuncio se produjo tras una reunión con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, celebrada el lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial.
Durante el encuentro, Vargas planteó la necesidad de modificar o aclarar las normas de ejecución presupuestaria, las cuales, según explicó, podrían limitar el funcionamiento de los tribunales y otras dependencias judiciales. La magistrada enfatizó que el Poder Judicial no busca un aumento presupuestario, sino facilitar el acceso a los recursos ya asignados, advirtiendo que las restricciones podrían impedir el cumplimiento oportuno de responsabilidades constitucionales.
Fernández manifestó su disposición a colaborar y anunció la conformación de una mesa técnica con equipos de ambas instituciones. El objetivo de esta mesa será analizar las normas presupuestarias para determinar su interpretación y aplicación, buscando evitar que afecten las operaciones diarias del Poder Judicial. La mandataria afirmó que el espíritu de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo es que el presupuesto se utilice con eficiencia y no como una limitación.
Otro punto de acuerdo fue el fortalecimiento de la coordinación en la lucha contra el crimen organizado y la inseguridad. Ambas jerarcas coincidieron en que la situación nacional requiere la intervención de todos los poderes de la República. En este sentido, Fernández propuso incorporar al Poder Judicial en la revisión de datos de interés del Ejecutivo relacionados con el equipo de Fuerza Élite y se comprometió a consultar el criterio técnico del Poder Judicial en la preparación de proyectos de ley vinculados con la administración de justicia.
Vargas también solicitó apoyo para impulsar iniciativas legislativas que buscan agilizar los procesos judiciales, incluyendo reformas al proceso penal, modificaciones disciplinarias y propuestas contra la corrupción. Adicionalmente, se abordó el posible cobro del impuesto al valor agregado (IVA) en las compras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y sus implicaciones económicas.
Las presidentas confirmaron una próxima reunión para el 20 de noviembre en la sede del Poder Judicial, que congregará a las mujeres que lideran los tres poderes de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). A este encuentro están convocadas Fernández, Vargas, Yara Jiménez (presidenta de la Asamblea Legislativa) y Eugenia Zamora (presidenta del TSE). Fernández confirmó su asistencia, mientras que la respuesta de la jerarca legislativa aún estaba pendiente. Ambas líderes acordaron mantener una comunicación más directa y reafirmaron el respeto a las competencias constitucionales de cada institución.
Fuente: Infobae
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