Costa Rica | Un informe del centro de estudios Expediente Abierto reveló que el sicariato fue responsable del 70.6% de los homicidios registrados en el país durante 2025. Este tipo de violencia es descrito como un mecanismo de competencia comercial entre redes de narcotráfico, resolviendo disputas por rutas, puntos de venta, extorsiones y disciplina interna entre bandas criminales.
El país cerró 2025 con 870 homicidios, un aumento significativo en comparación con los 656 registrados en 2022. Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con corte al 2 de noviembre de 2026, indican 706 homicidios acumulados, lo que representa una disminución del 5.2% respecto a la misma fecha de 2025, cuando se contabilizaban 745 casos.
A pesar de la baja interanual, el inicio de noviembre de 2026 fue el más violento del año, con diez personas fallecidas en dos días debido a balaceras en Puntarenas, Limón, Cartago y San José. La geografía del delito también ha cambiado, con Limón superando a San José por primera vez en número de homicidios, registrando 185 casos frente a 183, tras un aumento de 150 a 185 en la provincia caribeña en un año.
Los ajustes de cuentas entre bandas explicaron 477 de los homicidios en 2026. Ocho de cada diez víctimas murieron por arma de fuego, sumando 567 de los 706 casos. Los jóvenes de 18 a 29 años concentraron la mayor cantidad de muertes, con 263 registros, según datos del OIJ.
Las provincias de San José, Puntarenas y Limón concentraron más del 60% de los homicidios nacionales anualmente entre 2022 y 2025. San José es un foco de narcomenudeo en zonas urbanas, mientras que Puntarenas y Limón son nodos de abastecimiento marítimo y salida internacional de drogas. En 2023, la capital tenía cerca de mil búnkeres de venta de drogas, de los cuales la Policía Municipal intervino 122 en 2025.
Expediente Abierto advierte que estas redes criminales ejercen una forma de gobernanza localizada, imponiendo reglas, administrando la violencia y erosionando la autoridad estatal en zonas costeras, portuarias y urbano-marginales. El centro de estudios señala que no se trata de una disputa por el poder político nacional, sino de una cooptación gradual de instituciones y territorios.
La violencia alcanzó su punto más alto en 2023 con 905 homicidios, según datos judiciales. La cifra se mantuvo alta en 876 en 2024 y 873 en 2025. Las autoridades atribuyeron la mayoría de estas muertes a disputas entre grupos criminales por rutas de narcotráfico y mercados locales. Un informe de la Unidad de Análisis Criminal, citado por InSight Crime, confirma que el OIJ atribuyó 742 de los 873 homicidios de 2025 a actividades de crimen organizado, acumulando 2.688 asesinatos vinculados a este fenómeno en los últimos cinco años.
La presidenta Laura Fernández ha implementado una estrategia contra el crimen organizado que incluye la inauguración de una cárcel de máxima seguridad en octubre, inspirada en el modelo salvadoreño. La mandataria explicó al diario ABC que se buscaba desconectar a los delincuentes presos del mundo exterior, ya que seguían ordenando homicidios desde la cárcel. Esta megacárcel ya alberga a más de 600 reclusos, incluyendo personas vinculadas a crimen organizado, homicidios, femicidios y el asesinato de agentes de la Fuerza Pública y del OIJ.
Fernández se ha fijado la meta de reducir la tasa de homicidios a un máximo de 15.3 casos por cada 100 mil habitantes para 2030, lo que implicaría pasar de 873 asesinatos en 2025 a 799 ese año. También ha solicitado una menor demanda de drogas en Europa para aliviar la presión del narcotráfico en su país.
Sin embargo, el informe de Expediente Abierto critica la política de seguridad 2023-2030 por ser sectorial y enfocada en capturas e incautaciones. El documento advierte que este enfoque no logra desarmar redes descentralizadas que se recomponen tras la caída de sus líderes, describiendo este patrón como un “efecto hormiga”, donde las estructuras criminales se fragmentan pero vuelven a ocupar el espacio territorial.
Fuente: Infobae
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