Mundo | Amnistía Internacional ha instado a los gobiernos de El Salvador y Haití a asegurar el respeto de los derechos humanos en todas las operaciones militares salvadoreñas desplegadas en territorio haitiano. La organización expresó su preocupación ante la presencia de más de 2.000 efectivos salvadoreños, la mayoría de los cuales no forman parte de la misión de la ONU autorizada para combatir pandillas, una distinción confirmada por Naciones Unidas.
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró en un comunicado que el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, deben garantizar que las operaciones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos. Piquer enfatizó que el compromiso de Fils-Aimé de no tolerar violaciones debe traducirse en garantías efectivas.
La organización exige que ambos gobiernos hagan público el acuerdo que ampara el despliegue de las fuerzas, expliquen los mecanismos de supervisión, definan las reglas para el uso de la fuerza y establezcan la rendición de cuentas. Además, Piquer subrayó la necesidad de que la población pueda denunciar posibles violaciones sin temor a represalias y que se realicen investigaciones independientes ante cualquier denuncia de abusos contra la población haitiana.
En el contexto de una profunda crisis humanitaria en Haití, donde al menos 22.000 personas han muerto desde 2021 debido a la violencia callejera, Amnistía Internacional advierte que las operaciones de seguridad pueden agravar los riesgos para las comunidades, especialmente cerca de viviendas, escuelas y hospitales. Piquer reclamó medidas efectivas para proteger la vida e integridad de la población, prevenir desplazamientos forzados y garantizar el acceso a alimentos y atención médica. Insistió en que el uso de la fuerza debe respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que la protección de niños y niñas, incluidos los reclutados por bandas armadas, requiere personal capacitado en derechos humanos y protocolos específicos.
La solicitud de Amnistía Internacional también aborda la situación de cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el 18 de octubre. Piquer demandó el esclarecimiento de su paradero y su liberación inmediata e ilesa si están en poder de una banda armada. Estos técnicos de aviación, que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU, desaparecieron tras una emboscada en la zona de Santo, cerca de Puerto Príncipe. La Policía Nacional de Haití encontró los restos calcinados de su vehículo, pero sin rastro de los hombres. Piquer fue enfática al afirmar que la respuesta a la violencia de las bandas no debe reproducir los abusos e impunidad de intervenciones anteriores en Haití.
La organización exige investigaciones prontas, independientes e imparciales ante toda denuncia de violaciones de derechos humanos, juicios justos para los sospechosos de responsabilidad penal y reparación para las víctimas. Este reclamo se produce en un escenario donde, según el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, operan dos esfuerzos militares distintos: la GSF, con unos 100 soldados salvadoreños y apoyo logístico de EE. UU., y una misión bilateral salvadoreña-haitiana para perseguir a las bandas responsables del secuestro de sus soldados. Romain Le Cour, del Observatorio de Haití, señaló que en el terreno coexisten cinco estructuras con mandatos y reglas propias, sin un plan común.
Fuente: Infobae
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