Colombia | El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) ha alertado que el Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado en $634,9 billones, presenta riesgos significativos, incluso si se implementa gran parte de la reforma fiscal propuesta por el Gobierno. El organismo señala que persisten presiones de gasto sin financiación completa, lo que podría agravar el desequilibrio de las cuentas públicas.
Juan Carlos Ramírez, presidente del CARF, explicó que los principales factores de presión incluyen los gastos de personal, pensiones, salud, subsidios de energía y los recursos necesarios para la atención del terremoto de agosto. Además, los acuerdos sindicales en el sector público podrían incrementar los costos de nómina, a pesar de la intención del Gobierno de limitar el crecimiento de estos gastos a la inflación.
El CARF también ha expresado preocupación por el gasto pensional, debido al agotamiento de los traslados entre regímenes y el posible impacto de decisiones judiciales y legislativas sobre la reforma pensional. A esto se suma una financiación insuficiente del régimen subsidiado de salud y mayores presiones por los subsidios de energía, exacerbadas por el fenómeno de El Niño.
Ramírez destacó que el pago de intereses de la deuda pública consume una parte creciente de la capacidad fiscal del Estado. Actualmente, un tercio de los ingresos tributarios se destina a este fin, y se proyecta que esta proporción podría alcanzar el 50% en tres años si no se realizan ajustes. Esta tendencia subraya la urgencia de corregir el desequilibrio fiscal.
Según el escenario del presupuesto aprobado por decreto, el déficit total para 2027 sería del 9,5% del PIB, con un déficit primario del 4,5%. El presidente del CARF calificó estos niveles como históricamente altos y advirtió que, si el ajuste propuesto por el Gobierno no se materializa, el déficit superaría las recomendaciones de la regla fiscal.
El CARF atribuye parte del problema a una sobreestimación de ingresos en 2024, que generó una diferencia de casi cuatro puntos del PIB respecto a lo recaudado. Esta situación dejó obligaciones pendientes que se trasladaron al siguiente ejercicio, elevando las reservas presupuestales a $50 billones en 2024, aunque disminuyeron parcialmente en 2025.
Sin un ajuste, la deuda del Gobierno central podría pasar del 60% al 67% del PIB, acercándose al límite sostenible del 71% establecido por el comité. Aunque el CARF considera “relativamente razonable” la propuesta oficial de un ajuste de entre cuatro y cinco puntos del PIB en cuatro años, aún no ha evaluado en detalle todos sus componentes.
Ramírez también señaló un debilitamiento de la disciplina fiscal y de los instrumentos de planeación, lo que ha reducido la credibilidad en las metas oficiales y la capacidad del sector público para mantener compromisos a mediano plazo.
Olga Lucía Acosta, codirectora del Banco de la República, complementó estas advertencias indicando que la inflación no mostraría una reducción hasta mediados de 2027. Las expectativas de inflación continúan al alza, superando las proyecciones del Emisor, con mediciones de mercado que sitúan la inflación de cierre de 2026 entre el 6,7% y el 6,91%, y expectativas de inflación básica también elevadas.
El panorama presentado por el CARF sugiere que la aprobación de la reforma fiscal, por sí sola, no resolverá las deficiencias del presupuesto de 2027. El organismo enfatiza la necesidad de combinar mayores ingresos, un control riguroso del gasto y una planificación fiscal más estricta para evitar un mayor deterioro del déficit y la deuda.
Fuente: Infobae
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