Colombia | La Corte Constitucional ha declarado la constitucionalidad de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), establecidas en la Ley 2294 de 2023, pero ha impuesto condiciones para asegurar la autonomía de las entidades territoriales y la participación municipal en las decisiones sobre estas zonas. La Sentencia C-364 de 2026, con ponencia de la magistrada Natalia Ángel Cabo, precisa las competencias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la delimitación de estos terrenos.
El alto tribunal dictaminó que las decisiones del Ministerio de Agricultura deben estar precedidas por un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales. Esto implica que los concejos municipales y distritales deben tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas, las cuales deberán ser valoradas de manera efectiva y motivada, permitiendo a las autoridades locales influir en las determinaciones ministeriales.
La Corte aclaró que la competencia del Ministerio de Agricultura se limita a la delimitación de las APPA, la definición de su destinación a la producción de alimentos y la identificación de actividades incompatibles con este fin. Sin embargo, el Ministerio no puede reglamentar detalladamente los usos del suelo, ya que esta atribución corresponde a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de su autonomía territorial. La decisión distingue así entre la facultad del Gobierno nacional para proteger la producción agroalimentaria y las competencias locales para regular el uso del suelo.
Además, la declaración y modificación de las APPA debe considerar los planes de ordenamiento territorial (POT) y las particularidades de los municipios y distritos involucrados. Estas condiciones buscan articular las competencias nacionales con la autonomía de las entidades territoriales.
La exministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, divulgó el pronunciamiento y destacó que la decisión respalda la protección de los suelos agropecuarios, calificándola como una garantía para la soberanía nacional.
La sentencia también establece que los procedimientos relacionados con las APPA que aún no han concluido deberán ajustarse a los nuevos condicionamientos. Esto significa que los procesos pendientes deberán garantizar la participación de las autoridades territoriales, la valoración de sus observaciones y la consideración de los instrumentos de ordenamiento territorial.
Este fallo se produce en un contexto donde el Gobierno de Abelardo de la Espriella está desmontando las APPA declaradas durante la administración de Gustavo Petro. El Gobierno anterior delimitó cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios, con la mayor extensión en Córdoba (667.034 hectáreas), seguida de Antioquia (102.802), Santander (84.662), La Guajira (79.782), Tolima (48.494) y Sabana Centro en Cundinamarca (aproximadamente 15.800 hectáreas).
La actual administración ha cuestionado estas declaratorias, argumentando que limitaban las competencias territoriales en ordenamiento y uso del suelo. El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, ha señalado presuntas deficiencias cartográficas, vacíos en consulta previa e inconsistencias en las delimitaciones. El Ministerio ha comenzado a derogar declaratorias en regiones como Sabana Centro, La Guajira y el suroeste de Antioquia.
Una investigación de Cambio identificó solicitudes mineras que se superponen con terrenos que habían sido delimitados como APPA en Tolima, Antioquia y Córdoba. En el norte del Tolima, se encontraron tres solicitudes para extracción de oro, plata y platino en Falán y Palocabildo, abarcando 232 hectáreas, de las cuales 229 se superponen con la antigua área de protección. En el suroeste de Antioquia, tras la derogación de la declaratoria el 24 de octubre, se registraron 15 solicitudes mineras recientes, ocho de ellas radicadas un día después de la segunda vuelta presidencial, relacionadas con oro. En Córdoba, se identificaron 17 solicitudes desde la segunda vuelta presidencial, con una superposición de 2.052 hectáreas sobre antiguos terrenos APPA, incluyendo intereses en oro, carbón, cobre, níquel, arenas y gravas de río. También se documentaron solicitudes mineras en La Guajira y Santander. Cambio precisó que estas solicitudes no equivalen a permisos de explotación aprobados y que las APPA no constituían zonas de exclusión minera absoluta.
Fuente: Infobae
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