México | Cientos de personas han sido desplazadas forzadamente en comunidades del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, debido al recrudecimiento de las acciones del crimen organizado en la Sierra Tarahumara. La Misión Civil de Observación del Desplazamiento Forzado Interno ha alertado sobre una crisis humanitaria en esta región, también conocida como el Triángulo Dorado, que limita con Sinaloa y Durango.
Según la Misión Civil, las familias se han visto obligadas a huir para ponerse a salvo, acosadas por enfrentamientos y el despojo sistemático de sus propiedades. La organización denunció que grupos del crimen organizado están generando violencia para adueñarse del territorio, desviando el agua, apropiándose del ganado y desmantelando casas para obtener recursos y asentarse. Los enfrentamientos, que incluyen bombas, drones y balaceras, dejan a las familias en medio del fuego cruzado y a los animales abandonados o sacrificados para financiar la violencia.
Las víctimas refugiadas carecen de alimentos, cobijo y atención médica en los lugares donde buscan resguardo al aire libre. El pronunciamiento de la Misión Civil destaca que las personas adultas mayores tienen menos posibilidades de huir debido a restricciones de movilidad, prefiriendo quedarse en sus hogares por un arraigo al territorio más fuerte que la violencia.
Un documento firmado por diez organizaciones, incluyendo Alianza Sierra Madre, CEDEHM, Tlachinollan y la Red TDT, reveló que la Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua (SSP) admitió ante la Misión que las fuerzas locales están rebasadas por el poder de fuego de las células delictivas. La SSP de Chihuahua declaró que carecen de capacidad operativa para frenar la embestida criminal y que solo el Ejército cuenta con el equipamiento necesario para proteger a la población civil.
Ante esta situación, las organizaciones y comunidades afectadas han dirigido un pliego de exigencias a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Las peticiones incluyen la intervención urgente y permanente del Ejército Mexicano para pacificar la zona, la habilitación de refugios temporales con insumos de primera necesidad, la implementación de un plan integral para garantizar el retorno seguro y la atención médica para las familias desplazadas. Las organizaciones solicitaron un plan integral de atención al desplazamiento forzado a corto, mediano y largo plazo, más allá de la atención de emergencia.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de octubre pasado indican que el desplazamiento forzado afecta a 661 mil 769 hogares en México, lo que representa el 1.52 por ciento del total. La Encuesta Intercensal 2025 reportó que en 509 mil 917 hogares, algún integrante fue obligado a desplazarse dentro del territorio mexicano por inseguridad delictiva y violencia, mientras que en otros 151 mil 852 hogares, el desplazamiento se originó por catástrofes naturales o de origen humano. Guerrero concentra la mayor proporción de viviendas con desplazamiento forzado, con un 3.42 por ciento (34 mil 099 casos), seguido por Morelos con 2.4 por ciento y Baja California Sur con 2.35 por ciento. Estos tres estados superan la media nacional. El Inegi ha presentado por primera vez estadísticas específicas sobre desplazamiento forzado interno en la Intercensal 2025, aunque censos previos ya reportaban la inseguridad delictiva, la violencia y los desastres naturales como causas de migración interna.
Fuente: Infobae
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