Colombia | Transparencia por Colombia ha emitido el informe “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, en el que señala la ausencia de protocolos operativos y de contratación, así como la falta de una plataforma de seguimiento para los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Tres meses después del sismo, la organización no ha podido constatar el funcionamiento del tablero público anunciado para monitorear los fondos y proyectos del Fondo Milagro, y no se han identificado contratos asociados a este mecanismo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).
El informe destaca que la gestión de los recursos de reconstrucción presenta vacíos en publicidad y trazabilidad. Según Transparencia por Colombia, faltan documentos que definan las reglas del Fondo Milagro y los datos públicos no permiten precisar el destino de parte de los apoyos económicos ejecutados durante la emergencia.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público constituyó el patrimonio autónomo del Fondo Milagro el 5 de octubre, mediante un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex). El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció un capital inicial cercano a un billón de pesos, y el gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe, informó el 15 de octubre sobre una partida de $624.656 millones proveniente de un crédito de la banca multilateral. Uribe también mencionó que cerca de $360.000 millones ya se habían utilizado para atender la emergencia y anticipó herramientas de inteligencia artificial y un tablero de acceso público, cuya existencia no pudo ser constatada por la organización al cierre de su revisión, que abarcó del 11 de agosto al 3 de noviembre.
La Presidencia informó el 22 de octubre que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) había ejecutado unos $377.000 millones en apoyos económicos. Sin embargo, el informe de Transparencia por Colombia sostiene que los registros consultados no permiten establecer los conceptos financiados, las entidades encargadas de ejecutar esos recursos ni las personas beneficiarias.
El Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE), aprobado en octubre, proyecta necesidades de financiación por $58,29 billones para los programas de recuperación, superando el cálculo inicial de $30 billones. Este instrumento consolidó cerca de 950.000 datos, 94 informes situacionales y más de 100 reuniones técnicas, según la Ungrd. La hoja de ruta nacional registra 778.281 personas afectadas en el Registro Único de Damnificados, 203.301 viviendas averiadas, 51.778 destruidas y 5.309 sedes educativas afectadas. Hasta el 5 de noviembre, se identificaron 119 decisiones administrativas vinculadas con la emergencia: 73 nacionales y 46 territoriales.
El Decreto 1599 de 2026 autorizó al Ministerio de Hacienda a reorientar saldos públicos no comprometidos hacia el Fondo Milagro, siempre que su destinación legal lo permita y no afecte obligaciones previas. Aunque esta norma amplía las alternativas de financiación, no fija una apropiación presupuestal ni define cuánto dinero llegará efectivamente al patrimonio autónomo durante 2027. El Gobierno anunció que en noviembre ingresarían $826.000 millones del Ministerio de Vivienda para mejoramientos habitacionales y viviendas nuevas, pero Transparencia por Colombia señaló que aún deben conocerse la incorporación efectiva de esos recursos, los criterios de distribución territorial, los proyectos que financiarán y la supervisión de su ejecución.
La organización solo encontró disponibles dos planes territoriales: el de la Gobernación del Valle del Cauca y el de la Alcaldía de Pereira. El primero organiza objetivos, actividades, responsables, metas y presupuesto; el segundo incorpora una evaluación de daños que contabiliza 99.703 personas y 43.457 familias damnificadas, además de un esquema general de inversión.
En cuanto a la contratación, la revisión de los registros de SECOP identificó 1.099 contratos asociados a la atención y reconstrucción, por $265.088 millones, en 111 municipios de 12 departamentos. Las entidades territoriales suscribieron el 97,1 % de esos procesos. La contratación directa concentró el 84% de los contratos, por $227.378 millones, y la urgencia manifiesta justificó el 53% de los acuerdos bajo esa modalidad. Los recursos propios de alcaldías y gobernaciones financiaron el 59% de los contratos y del valor contratado.
Transparencia por Colombia advirtió que algunas entidades aún registran procesos en SECOP I, a pesar de que SECOP II permite gestionar procedimientos de forma transaccional y consultar información en tiempo real. Además, las plataformas no cuentan con un identificador común que permita reconocer de inmediato los contratos ligados al terremoto, lo que podría resultar en un universo contractual incompleto o requerir verificaciones adicionales.
La organización ha solicitado la publicación de los manuales aprobados del Fondo Milagro, los planes territoriales pendientes y los datos sobre recursos, criterios de asignación, beneficiarios, proyectos y mecanismos de supervisión. También instó a reforzar la publicidad oportuna de los procesos, la verificación de la idoneidad de los proponentes, los controles previos y concomitantes, y las salvaguardas frente a la concentración de decisiones. Transparencia por Colombia enfatizó que, sin información desagregada sobre el uso de los recursos, la reconstrucción carece de una trazabilidad suficiente para determinar quién ejecuta los fondos, qué intervenciones financian y a quiénes llegan los apoyos.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí