Costa Rica | Las entidades financieras supervisadas, incluyendo bancos, cooperativas y mutuales, están obligadas a notificar a sus clientes en un plazo inferior a 60 segundos sobre cualquier transacción registrada en sus productos financieros. Esta medida, implementada por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), busca prevenir estafas informáticas y facilitar la detección de movimientos no autorizados.
La obligación forma parte del Acuerdo Sugef 5-26, una normativa que establece controles mínimos de seguridad para las instituciones que ofrecen servicios financieros digitales. El reglamento entró en vigor el 11 de septiembre de 2026 y desarrolla las disposiciones de la Ley N.º 10.889, diseñada para fortalecer la protección de los consumidores ante sustracciones de dinero y operaciones fraudulentas.
Las notificaciones pueden enviarse a través de correo electrónico, mensajes de texto (SMS) o avisos de aplicaciones móviles, así como por otros mecanismos previamente autorizados por los usuarios. La medida no solo abarca transferencias de dinero, sino también operaciones sensibles como inicios de sesión, cambios de contraseña, modificaciones de números telefónicos, actualización de correos electrónicos y detección de nuevos dispositivos. Las entidades deben conservar registros que comprueben el envío y contenido de estas notificaciones.
Eduardo Reyes Miranda, jefe del Departamento de Desarrollo Normativo de la Sugef, señaló que el crecimiento de las herramientas financieras digitales presenta nuevos desafíos para la protección de los usuarios. Según Reyes Miranda, esta regulación establece estándares mínimos que fortalecen la capacidad de las entidades para prevenir, detectar y gestionar estafas informáticas.
Además de las alertas inmediatas, las entidades supervisadas deben implementar mecanismos de doble factor de autenticación para operaciones de riesgo y sistemas capaces de identificar movimientos que se aparten del comportamiento habitual de los clientes. Estos sistemas considerarán factores como montos, destinatarios frecuentes, horarios de conexión y dispositivos utilizados. En caso de detectar una operación sospechosa, los bancos deberán aplicar procedimientos de verificación y, si es necesario, activar bloqueos preventivos.
Los usuarios también contarán con herramientas para bloquear temporalmente sus cuentas o productos financieros si sospechan de acceso no autorizado. En caso de ser víctima de una estafa, el reglamento establece procedimientos para reclamos. Las personas afectadas deben presentar la reclamación ante su entidad financiera con el formulario correspondiente y una copia de la denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Una vez recibido el reclamo, la institución debe entregar un código de seguimiento y bloquear inmediatamente la posibilidad de nuevas transacciones electrónicas con el producto afectado. La entidad deberá investigar lo ocurrido y demostrar el cumplimiento de los controles de seguridad exigidos. Las reclamaciones podrán ser rechazadas si existen pruebas suficientes de las circunstancias previstas en el reglamento, y las decisiones estarán sujetas a revisión de la Sugef. La normativa también contempla mecanismos para devolver montos sin una investigación detallada, según los límites de cada institución.
La Sugef vigilará el cumplimiento de estos requisitos técnicos y la existencia de protocolos de emergencia ante fraudes. Asimismo, las entidades deberán desarrollar programas permanentes de educación sobre seguridad digital para ayudar a sus clientes a identificar mensajes fraudulentos, llamadas sospechosas e intentos de suplantación de identidad. La Superintendencia advierte que ninguna regulación elimina completamente el riesgo de fraude y recomienda proteger las credenciales bancarias y reportar cualquier operación desconocida de inmediato.
Fuente: Infobae
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