Costa Rica | Cientos de estudiantes, docentes y trabajadores de universidades públicas se manifestaron el miércoles 11 de noviembre en San José para exigir mayor financiamiento para la educación pública y rechazar las reducciones presupuestarias. Las organizaciones convocantes advierten que estos recortes amenazan el funcionamiento de escuelas, colegios y universidades.
La movilización inició alrededor de las 9:30 a. m. en el parque La Merced y recorrió la Avenida Segunda hasta la Plaza de la Democracia, frente a la Asamblea Legislativa. La protesta, que transcurrió de manera pacífica, provocó congestionamiento vehicular en el centro de la capital.
Entre los participantes se encontraban la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), estudiantes de secundaria, federaciones universitarias y representantes de las cinco universidades públicas.
Uno de los principales reclamos se centra en los recursos asignados a la educación pública para 2027, que representan aproximadamente el 4,9% del producto interno bruto (PIB). Esta cifra se encuentra 3,1 puntos porcentuales por debajo del 8% establecido en el artículo 78 de la Constitución Política. Los sindicatos argumentan que este financiamiento es insuficiente para cubrir necesidades de infraestructura, comedores escolares, transporte estudiantil, becas y el funcionamiento general de los centros educativos.
Gilda Montero, presidenta de ANDE, expresó su preocupación por la disminución del presupuesto educativo y cuestionó los compromisos pendientes con el sector. Gilberth Díaz, presidente del SEC, vinculó la inversión educativa con las oportunidades para las futuras generaciones.
La protesta se realizó un día después de que la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobara una moción para reducir ₡8.048 millones (USD 17.5 millones) del segundo presupuesto extraordinario de 2026. Esta decisión, respaldada por diputados del Partido Pueblo Soberano, se suma a otra rebaja de ₡8.048 millones (USD 17.5 millones) incorporada en el proyecto presupuestario de 2027, aprobado en primer debate. En total, las reducciones planteadas alcanzan ₡16.096 millones (USD 35 millones).
El Consejo Nacional de Rectores (CONARE) sostiene que estos fondos corresponden al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), cuyo traslado fue postergado en 2020 y 2021 debido a la pandemia. Según CONARE, en noviembre de 2025 el Gobierno se comprometió a devolverlos gradualmente mediante ocho desembolsos, un acuerdo que ahora consideran incumplido. Las autoridades universitarias advierten que estas rebajas podrían afectar becas, laboratorios, mantenimiento de instalaciones, investigación y sedes regionales. Las reducciones aún están sujetas al trámite legislativo.
La convocatoria también incluyó demandas relacionadas con el pago de anualidades, recargos laborales y lecciones de planeamiento, así como cuestionamientos sobre la aplicación del salario global. En cuanto a las pensiones, APSE denunció que el Estado mantiene obligaciones pendientes superiores a ₡44.000 millones (USD 97 millones) con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA). Aunque la organización reconoce que el Ministerio de Educación Pública (MEP) anunció abonos superiores a ₡30.000 millones (USD 66 millones), sostiene que aún quedan montos sin cancelar.
El Ejecutivo ha defendido los ajustes presupuestarios, argumentando que algunos recursos fueron asignados de manera inadecuada y que las modificaciones buscan atender obligaciones con el régimen de pensiones, comedores escolares y transporte estudiantil. El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, cuestionó las razones de la convocatoria y anunció que solicitará una valoración judicial sobre la legalidad de la huelga. El jerarca indicó que corresponde a las autoridades judiciales determinar si el movimiento cumple los requisitos legales y recordó la necesidad de garantizar servicios como educación especial y comedores escolares.
Las universidades y organizaciones sindicales mantienen sus solicitudes de revisión presupuestaria ante el Congreso, donde continúa la discusión sobre los recursos públicos para 2027.
Fuente: Infobae
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