Venezuela | Treinta y seis militares, entre sargentos y tenientes, que se encuentran en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil) en Ramo Verde, estado Miranda, han denunciado que las autoridades les negaron el acceso a agua desde el inicio de su protesta el lunes 9 de noviembre. Familiares de los detenidos informaron a Infobae que el Mayor Ramón Navarro, Jefe de Régimen, los aisló en la cancha y les impidió el acceso a baños y agua, supuestamente por orden del director de la cárcel, Capitán de Navío Leover Alfonso Pachano Gómez.
La huelga de hambre, iniciada a las 6:00 de la mañana del lunes, busca la liberación de los detenidos y la inclusión de representantes en la Mesa de Negociación. Los militares, que pernoctan en carpas en la cancha, han emitido un pronunciamiento escrito en el que denuncian violaciones del debido proceso, garantías constitucionales, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada temporal y traslados arbitrarios.
Mileidys Hernández, hermana del S2 José Daniel González Hospedales, expresó a Infobae la preocupación de los familiares por la falta de respuesta de la administración de justicia y la ausencia de evaluación médica para los huelguistas. Sandra Hernández, esposa del Sargento Luis Alexander Bandres Figueroa, también manifestó inquietud por el acceso al agua y la falta de atención del servicio médico penitenciario, que no ha revisado la condición de salud de los militares.
Los huelguistas, que se declaran en situación de “indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica”, sostienen que han agotado las vías ordinarias sin obtener respuestas institucionales. Advierten sobre la “inobservancia y violación sistemática de nuestras garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso” por parte del régimen venezolano.
Entre las denuncias específicas, Lisnel Hernández de Martínez, esposa del SM3 Geomer Narciso Martínez Natera, afirmó que 21 sargentos del Caso Cotiza cumplieron la totalidad de su condena el 24 de octubre de 2026 y exigen su liberación inmediata. Asegura que la jueza militar capitán Carmen Victoria Jaspe firmó el cómputo legal de la condena. La falta de excarcelación se atribuye a una apelación presentada por tres de los 24 sargentos, que busca incluir a quienes ya cumplieron sus penas para reiniciar el juicio, una decisión que los familiares repudian.
Militares de otras causas se han sumado a la protesta en solidaridad. Los manifestantes también denuncian la existencia de expedientes sin tribunal de la causa ni destino asignado, lo que los mantiene en un “limbo jurídico”, y la paralización injustificada de recursos de apelación. Reclaman decisiones ajustadas a derecho, sin presión del Gobierno, y un canal directo de comunicación con la Mesa de Negociación, además de la presencia de la Defensoría del Pueblo y organismos internacionales de derechos humanos.
La notificación formal de la huelga de hambre, junto con una solicitud de aplicación de la Ley de Amnistía, fue consignada ante el tribunal el lunes 9 de noviembre. Los militares han anunciado que mantendrán la huelga hasta obtener respuestas concretas, incluyendo la excarcelación inmediata de quienes ya cumplieron sus penas, la asignación de tribunales competentes y el respeto a los plazos de apelación.
Los 36 militares en huelga de hambre incluyen a sargentos y tenientes de diversas causas como el Caso Cotiza, Operación Libertad del 30 de Abril, Refinería El Palito, Caso Sukhoi, Operación David, Operación Aurora, Operación Gedeón, Espionaje y Caso Gobernación Monagas.
Fuente: Infobae
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