Panamá | La Procuraduría General de la Nación entregó a sus familiares los restos óseos de Roberto Adolfo Aparicio Oliva, un militar panameño que falleció durante la invasión de Estados Unidos el 20 de diciembre de 1989. La ceremonia se llevó a cabo en el Cementerio Jardín de Paz, poniendo fin a más de 36 años de incertidumbre para sus seres queridos, quienes ahora podrán darle sepultura con su identidad plenamente establecida.
La entrega fue gestionada por la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, cuyos funcionarios participaron en las investigaciones para confirmar la identidad de la víctima. Los familiares presentes en el acto expresaron su agradecimiento al Ministerio Público por las diligencias que permitieron concluir la búsqueda iniciada tras la intervención militar estadounidense.
Con esta identificación, la Procuraduría suma 12 víctimas de la invasión cuyos restos han sido identificados y entregados a sus familias. Estas investigaciones forman parte de los esfuerzos institucionales para esclarecer las desapariciones ocurridas durante la Operación Causa Justa, recuperar las identidades de las víctimas y facilitar su sepultura mediante estudios forenses y documentación histórica.
Aparicio Oliva tenía 21 años cuando murió el 20 de diciembre de 1989. Pertenecía a las antiguas Fuerzas de Defensa de Panamá y prestaba servicio en el Cuartel Central, donde se encargaba del abastecimiento y la alimentación de los efectivos militares. Su familia, residente en Cerro Batea, San Miguelito, buscó durante décadas información sobre su paradero.
Tras el inicio de la invasión, sus familiares recibieron reportes sobre su posible fallecimiento en el sector de El Chorrillo, donde se ubicaba la Comandancia de las Fuerzas de Defensa. Sin embargo, nunca lograron recuperar el cuerpo y emprendieron una búsqueda en hospitales, cementerios y registros de exhumaciones sin obtener una respuesta definitiva.
Posteriormente, surgieron indicios de que sus restos podrían encontrarse en una fosa común del Cementerio Jardín de Paz, lo que permitió orientar las diligencias de recuperación e identificación. La investigación requirió estudios especializados debido al tiempo transcurrido y al estado del material óseo, que permaneció sin una identidad confirmada por más de tres décadas.
La identificación fue posible gracias a pruebas de ADN procesadas por el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala. Posteriormente, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá realizó la comparación con muestras de referencia proporcionadas por los familiares, estableciendo científicamente la identidad de Roberto Adolfo Aparicio Oliva.
El caso había sido anunciado el 24 de octubre por la Comisión 20 de Diciembre de 1989, organismo encargado de investigar y documentar las víctimas de la invasión. La entrega de los restos representa una etapa posterior a esa identificación y permite a sus familiares cerrar una prolongada búsqueda, aunque las investigaciones sobre otras personas desaparecidas continúan abiertas.
Durante su trayectoria militar, Aparicio Oliva fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante el Decreto N.º 228 del 31 de mayo de 1990. Este reconocimiento se produjo pocos meses después de su fallecimiento, cuando su familia aún desconocía el paradero de sus restos, situación que persistió hasta los recientes resultados genéticos.
Las investigaciones han permitido identificar a otras víctimas mediante exhumaciones y comparaciones de ADN. En julio de 2026, el Ministerio Público entregó los restos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo. Previamente, fueron identificados Ricardo Aurelio Arana Riquelme y Eric Abdiel Bonilla Terrero, como parte de las diligencias relacionadas con las desapariciones de 1989.
La invasión estadounidense, conocida como Operación Causa Justa, comenzó en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el objetivo principal de capturar al general Manuel Antonio Noriega. Los enfrentamientos y bombardeos afectaron instalaciones militares y sectores residenciales, especialmente El Chorrillo, dejando a numerosas familias sin información sobre sus parientes desaparecidos.
El número de víctimas sigue siendo un tema de controversia. Hasta marzo de 2026, la Comisión 20 de Diciembre mantenía un registro de 443 nombres en distintas etapas de verificación, incluyendo 238 fallecidos y desaparecidos confirmados, y otros 205 casos bajo investigación. La identificación de restos y la reconstrucción documental continúan siendo tareas pendientes, mientras nuevas familias esperan respuestas sobre lo ocurrido durante la invasión.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí