Guatemala | La Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de Guatemala revisó este miércoles las enmiendas a la iniciativa 6614, un proyecto de ley que busca combatir la usura y las prácticas abusivas de cobro. La propuesta, que ya superó dos debates, se encuentra en la fase de redacción final de artículos antes de ser presentada al pleno del Congreso.
Uno de los puntos clave de la iniciativa es la protección del salario mínimo frente a embargos judiciales. Según la propuesta, las retenciones por deudas solo podrían aplicarse sobre la porción del ingreso que exceda el umbral del salario mínimo, y no sobre la totalidad de la remuneración. La diputada Nadia de León, ponente de la iniciativa, destacó que esta medida es necesaria debido a casos en los que personas han recibido entre 30 y 90 quetzales después de descuentos sobre la totalidad de su salario.
La ley se enfocaría en prestamistas informales, proveedores de crédito comercial y gestores de cobro que operan fuera del sistema financiero regulado. Se excluiría a los bancos, cooperativas de ahorro y crédito, entidades de microfinanzas sin fines de lucro y otras instituciones supervisadas por la Superintendencia de Bancos. La diputada De León aclaró que el sistema bancario, las cooperativas y las microfinancieras reguladas ya cuentan con su propia legislación.
Entre las enmiendas, se busca establecer la nulidad de cláusulas abusivas, como la capitalización de intereses y las penalidades desproporcionadas. Además, se fijaría un límite para las tasas de interés ordinarias y moratorias, que no podrían superar el doble de la tasa activa promedio publicada por el Banco de Guatemala.
La propuesta también prevé que los deudores puedan solicitar una conciliación voluntaria antes de enfrentar un proceso judicial, y que toda demanda por cobro de deuda deba pasar por una conciliación ante los Centros de Mediación del Organismo Judicial. Se prohibirían prácticas como llamadas fuera de horarios hábiles, más de dos contactos telefónicos diarios, exigencias de pago a terceros y la exposición de la deuda en el ámbito laboral del deudor.
Los ciudadanos podrían denunciar cobros abusivos o actos de hostigamiento ante el Ministerio Público, la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor y la Superintendencia de Bancos. El agiotismo sería incorporado como delito por primera vez en esta iniciativa, vinculándolo con préstamos informales conocidos como “gota a gota”.
La usura ya está tipificada en el artículo 276 del Código Penal, que sanciona a quienes exigen intereses superiores a los permitidos o desproporcionados. El Decreto 11-2025 elevó las condenas por este delito a penas de cuatro a 10 años de prisión y multas de entre Q200.000 y Q500.000, con deportación para extranjeros condenados. La diputada De León señaló que el sector bancario apoya la aprobación de la ley y que 76 países cuentan con normativas similares.
Fuente: Infobae
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