Colombia | Las Fuerzas Militares habrían ejecutado un bombardeo el 5 de octubre de 2026 en la vereda Caño Cadá, Cumaribo, Vichada, sin que el Gobierno lo haya divulgado públicamente. La operación, denominada Orión, habría tenido como objetivo un círculo de seguridad cercano a alias Iván Mordisco, según fuentes militares citadas por La FM y El Tiempo.
De confirmarse, este sería el noveno bombardeo ordenado durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, quien, junto al ministro de Defensa, Jorge Mora, no se ha pronunciado sobre el supuesto ataque. La administración había informado previamente de ocho operaciones aéreas contra estructuras armadas ilegales en sus casi 100 días de gobierno.
El presunto ataque se habría realizado alrededor de la 1:00 p. m. en la finca El Retiro, utilizando dos bombas de 400 kilogramos. Fuentes militares consultadas por El Tiempo indicaron que la operación habría resultado en dos personas muertas, una capturada y la incautación de más de 20 fusiles.
La falta de información oficial ha generado cuestionamientos entre las comunidades campesinas cercanas. Organizaciones locales, como la Asociación de Colonos del Alto Vichada, presidentes de juntas de acción comunal y la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, presentaron una denuncia el 20 de octubre. Esta denuncia, remitida al Comando de las Fuerzas Militares y a su oficina jurídica, reporta la destrucción de una vivienda, afectaciones a cultivos y presuntas irregularidades contra una familia residente en el sector.
Una comisión comunitaria que inspeccionó el predio el 14 de octubre reportó aproximadamente 48 impactos atribuidos a bombas, con cráteres de hasta tres metros de profundidad y entre seis y siete metros de diámetro. Los habitantes documentaron la destrucción total de una vivienda y su cocina, así como daños en árboles frutales, un cultivo de maíz y un vivero de cacao. Durante esta visita, no se encontraron cadáveres, armas ni material de intendencia.
La finca El Retiro estaba vinculada a un programa de sustitución voluntaria de cultivos. Aproximadamente 20 días antes del presunto bombardeo, funcionarios o técnicos habían visitado el lugar para acompañar el establecimiento de cultivos de cacao, registrando características de la vivienda y el terreno.
Oliverio Alvendaño, un campesino que vive con su familia a menos de un kilómetro del sitio, denunció afectaciones posteriores a las explosiones. Su esposa, Irma, con cerca de ocho meses de embarazo, presentó un cuadro de salud que requirió atención médica. Alvendaño relató que, al regresar a su casa al día siguiente del presunto bombardeo, encontró a integrantes de las Fuerzas Militares, quienes lo retuvieron por unas tres horas y le retiraron su teléfono celular. También denunció la muerte de gallinas, el desorden de sus pertenencias, alimentos arrojados y la desaparición de 2,5 millones de pesos. Además, afirmó haber recibido presuntas amenazas relacionadas con la separación de sus hijos y su captura si no entregaba información sobre un grupo armado.
Las acusaciones de la familia no han sido verificadas de manera independiente, y las organizaciones han solicitado a las autoridades que las investiguen y adopten medidas de protección para los afectados. Las comunidades señalaron haber recibido de terceros la versión de que el bombardeo habría estado dirigido contra una fracción de un grupo armado ilegal conocido como Los Mordiscos, aunque advirtieron que no existía confirmación oficial y que los pobladores desconocían la presencia de dicha estructura en el sector.
Una delegación de la Defensoría del Pueblo inspeccionó el lugar tras las denuncias. Las organizaciones han solicitado establecer quién ordenó y autorizó el operativo, qué unidades participaron, qué información de inteligencia lo sustentó y qué medidas se tomaron para proteger a la población civil. El Comando General de las Fuerzas Militares no ha respondido a las consultas sobre la falta de divulgación del presunto bombardeo, sus objetivos, resultados y posibles afectaciones a civiles.
Fuente: Infobae
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