Honduras | El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Tomás Zambrano, defendió las reformas penales y penitenciarias aprobadas en el país, asegurando que respetan los derechos humanos. Sus declaraciones surgen en respuesta a las advertencias de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que expresó preocupación por posibles riesgos para las garantías fundamentales.
Zambrano afirmó que las modificaciones legales buscan fortalecer las herramientas del Estado para combatir las maras, pandillas y estructuras del crimen organizado que operan en Honduras. A través de sus redes sociales, el titular del Legislativo indicó que el Congreso Nacional analizará las recomendaciones de Naciones Unidas y que existe disposición para incorporar aquellas que contribuyan a mejorar la lucha contra la delincuencia.
El diputado enfatizó que las reformas garantizan el debido proceso y respetan los derechos humanos, pero priorizan a los ciudadanos honrados. Argumentó que fueron aprobadas pensando en las víctimas de la violencia, las familias afectadas por las extorsiones y los ciudadanos que han vivido bajo amenazas de estructuras criminales. Además, defendió la necesidad de endurecer las medidas contra las organizaciones delictivas para recuperar la tranquilidad en barrios, colonias y comunidades hondureñas.
La OACNUDH manifestó su preocupación por los decretos 84-2026, 208-2026 y 258-2026, que modifican el Código Penal y el Código Procesal Penal. Aunque el organismo reconoció que Honduras enfrenta graves desafíos de violencia y criminalidad organizada, advirtió que las medidas de seguridad deben respetar las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Entre los cuestionamientos de la ONU se encuentra la utilización de tatuajes y características físicas como posibles indicios de pertenencia a estructuras criminales, lo que podría afectar la presunción de inocencia y provocar detenciones arbitrarias. También señaló riesgos en las disposiciones sobre allanamientos sin control judicial posterior y la aplicación obligatoria de prisión preventiva bajo un régimen de máxima seguridad sin evaluación individualizada.
Otra preocupación de la OACNUDH es la ampliación del plazo de detención hasta 48 horas sin comparecencia ante una autoridad judicial, una medida que, según Naciones Unidas, podría incrementar los riesgos de abusos y vulneraciones a la libertad personal. Ante estos puntos, el organismo recomendó al Estado hondureño revisar las reformas para asegurar que su aplicación no comprometa derechos fundamentales.
Las propuestas de la OACNUDH incluyen la creación de un Registro Central de Personas Detenidas de acceso público para prevenir desapariciones forzadas y facilitar la localización de quienes estén bajo custodia. Asimismo, pidió fortalecer la Defensa Pública, garantizar el acceso al recurso de habeas corpus y asegurar la supervisión efectiva de las investigaciones por parte del Ministerio Público.
Este debate sobre el alcance de las reformas penales se produce mientras el Gobierno del presidente Nasry Asfura impulsa una estrategia de endurecimiento contra el crimen organizado, y Naciones Unidas solicita mayores garantías para evitar posibles abusos durante su aplicación.
Fuente: Infobae
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