Argentina | La Sala 2 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, con sede en Buenos Aires, ha declarado la inconstitucionalidad de la ley de movilidad jubilatoria 27.609, implementada por el gobierno de Alberto Fernández entre 2021 y mediados de 2024. La decisión judicial, emitida en segunda instancia, ordena a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recalcular los haberes de la persona demandante, aplicando la fórmula de reajustes establecida en la ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017 durante la gestión de Mauricio Macri.
El fallo se dictó en el marco del juicio “Galletta, Carmen c/ Anses s/ Reajustes varios”. La resolución judicial concluye que la ley 27.609, aprobada en diciembre de 2020, es inconstitucional debido al deterioro sufrido por las jubilaciones durante su vigencia. Por ello, dispone que, para el caso considerado, se deberá aplicar de manera continua la fórmula de movilidad de la ley 27.426 desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive.
La ley 27.426, conocida como la “ley de las 14 toneladas de piedras” por las protestas que acompañaron su votación, estuvo vigente en 2018 y 2019. El juez Juan Fantini, uno de los firmantes del fallo junto a Nora Dorado, recordó que la Corte Suprema de Justicia avaló el cálculo de movilidad de esta ley en diciembre de 2025, al rechazar un pedido de inconstitucionalidad en la causa “Fernández Pastor, Miguel Ángel c/ Anses”.
Según abogados previsionalistas, la aplicación de lo ordenado por los jueces podría resultar en un incremento de alrededor del 67% en los haberes. Sin embargo, el porcentaje final dependerá de las especificaciones técnicas al momento de la liquidación para evitar resultados nulos. El abogado Adrián Trócccoli sugiere que se aplique la ley 27.426 hasta el reajuste de junio de 2024, y a partir de ese momento, la regla del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 274, que sigue el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos meses de rezago. Este criterio, según Trócccoli, evitaría distorsiones al cambiar un sistema con un desfase de seis meses por uno de dos meses.
La sentencia cuestiona que la fórmula de movilidad de la ley 27.609 no consideró la inflación ni incluyó una “cláusula gatillo o un piso mínimo” para garantizar el poder adquisitivo. Además, esta norma establecía un tope anual a la suba de las jubilaciones, no vinculado con la variación de precios, sino con la recaudación de recursos para la Anses. Esta cláusula se aplicó, profundizando el deterioro de las prestaciones.
El cálculo de la ley 27.426 para las subas trimestrales de jubilaciones sumaba el 70% de la variación del IPC y el 30% de la variación de los salarios según el índice Ripte, con un semestre de rezago. En contraste, la ley 27.609 consideraba la suba de salarios y la evolución de la recaudación de impuestos con derivación específica a la Anses, incluyendo otros insumos, algunos de los cuales no eran de acceso público.
El juez Fantini señaló que la ley 27.609 “careció de la previsibilidad necesaria para escenarios de crisis y alta inflación”, a diferencia de la normativa predecesora (ley 27.426) y la sucesora (DNU 274), que sí contemplaron el IPC en sus fórmulas. El DNU 274, vigente desde marzo de 2024, establece incrementos mensuales de haberes jubilatorios equivalentes a la variación de precios de dos meses atrás. Por ejemplo, en diciembre próximo se aplicará un reajuste del 2,17% correspondiente a la inflación de octubre.
Según el escrito judicial, entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el reajuste acumulado de haberes fue del 553,55%, mientras que, de haberse utilizado el criterio del DNU 274, la suba habría sido del 1129,07% en el mismo período.
Este fallo de la Sala 2 se suma a otras sentencias dictadas en los últimos años en el interior del país, en instancias de apelaciones, que también rechazaron la fórmula de la ley 27.609. Estos fallos, que ordenaron reparar el daño a los demandantes, se emitieron en ciudades como Mendoza, Mar del Plata, Salta, Córdoba, Bahía Blanca y Tucumán. Algunas de estas sentencias confirman que la pérdida del poder de compra durante la vigencia de la ley 27.609 alcanzó el 50%. La cuestión está pendiente de una definición por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una semana antes, la Sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la causa “Aguirre, Jorge Alberto c/ Anses s/ Reajustes varios”, también declaró inconstitucional la ley, pero con un efecto limitado, ordenando recalcular el haber previsional solo para el período entre octubre de 2023 y junio de 2024, sin compensar las pérdidas acumuladas en 2022 y los primeros nueve meses de 2023.
Fuente: La Nación Argentina
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