Colombia | El Ministerio de Salud ha presentado un proyecto de decreto que busca limitar la afiliación automática de nuevos usuarios a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que se encuentren bajo procesos de recuperación administrativa, operativa o financiera. La iniciativa, actualmente en consulta pública hasta el viernes 13 de noviembre a las 5:00 p.m., modificaría el artículo 2.1.5.1.4 del Decreto 780 de 2016, y sus disposiciones entrarían en vigor una vez sea publicado definitivamente en el Diario Oficial.
La propuesta mantiene la obligación de afiliar de inmediato a quienes soliciten servicios de salud sin estar inscritos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud o con una novedad de terminación de inscripción, garantizando así el acceso a la atención médica. Sin embargo, las EPS bajo intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, o aquellas con capacidad de afiliación restringida, no podrían ser seleccionadas para recibir nuevos afiliados de oficio.

El Ministerio de Salud justifica este cambio en la necesidad de equilibrar la cobertura universal con la estabilidad de las aseguradoras en proceso de recuperación. Se argumenta que la incorporación de más usuarios podría afectar la capacidad de atención, la gestión de riesgos en salud y la prestación de servicios a los afiliados ya existentes en dichas entidades.
Es importante destacar que esta restricción no implica el cierre de las EPS intervenidas ni ordena el traslado de sus usuarios actuales. Su alcance se enfoca exclusivamente en el mecanismo de asignación de aseguradora para personas que carecen de afiliación. Los ciudadanos conservarían el derecho a elegir su EPS, siempre que esta esté autorizada en su municipio o distrito de residencia, no tenga limitada su capacidad de afiliación y no esté intervenida. En caso de no manifestar una elección, el Sistema de Afiliación Transaccional (SAT) asignaría la EPS del régimen correspondiente con el mayor número de afiliados en la jurisdicción que cumpla con los requisitos.

Una excepción contemplada es para municipios o distritos donde solo existan EPS intervenidas. En estos casos, si el usuario no elige una aseguradora, podría ser inscrito en la entidad con más afiliados, siempre que no tenga restringida su capacidad para nuevas inscripciones. Las personas asignadas de oficio tendrían un plazo de 90 días calendario para ejercer su libre escogencia y trasladarse a otra EPS que cumpla las condiciones. La entidad territorial, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la aseguradora serían notificadas automáticamente al completarse el trámite a través del SAT.
El proyecto también detalla el proceso de afiliación según la situación económica del usuario. Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud o las entidades territoriales deberán verificar la situación del ciudadano en la Base de Datos Única de Afiliados, su clasificación en el Sisbén o instrumento equivalente, y la validez de su documento de identidad para definir el régimen de aseguramiento. Quienes cumplan las condiciones para el régimen contributivo serán inscritos en una EPS de ese régimen. Las personas clasificadas como población pobre o vulnerable en el Sisbén, o en listados censales, serán afiliadas al régimen subsidiado. Aquellos que no sean considerados pobres ni vulnerables, pero no cumplan las condiciones para el contributivo, también podrán acceder al régimen subsidiado y deberán ser informados sobre la fecha desde la cual deberán realizar una contribución solidaria.

Las personas sin clasificación en el Sisbén ni en listados censales serían registradas en el SAT y obtendrían una afiliación transitoria al régimen subsidiado por cuatro meses. Deberán solicitar la aplicación de la ficha de caracterización socioeconómica ante la entidad territorial en los cinco días hábiles posteriores a la inscripción. La entidad territorial tendrá un máximo de cuatro meses para aplicar la ficha y determinar el mecanismo definitivo. Si el plazo vence sin la caracterización, la afiliación de oficio terminará, aunque la persona podrá reinscribirse al obtener la clasificación requerida o cumplir las condiciones de alguno de los regímenes. La IPS o la entidad territorial deberán informar por escrito el resultado del procedimiento, la EPS escogida o asignada y sus datos de contacto. El Ministerio de Salud deberá reglamentar los casos en que la afiliación no pueda realizarse mediante el SAT.

Para las Entidades Promotoras de Salud Indígenas (EPS Indígenas), solo podrían ser seleccionadas de oficio para afiliar a integrantes de pueblos indígenas. Una excepción se aplicaría en municipios o distritos donde una EPS indígena sea la única entidad autorizada, permitiendo la afiliación de población no indígena. Para usuarios indígenas, no operaría la restricción asociada a una intervención forzosa administrativa de la EPS indígena, siempre que la entidad mantenga habilitada su capacidad de afiliación. Cuando una persona indígena no exprese preferencia, sería asignada a la EPS indígena autorizada en su municipio o distrito con el mayor número de afiliados y sin limitaciones de capacidad. Estas entidades deben mantener al menos un 60% de afiliados pertenecientes a población indígena. Los procesos de afiliación de oficio iniciados antes de la entrada en vigencia del decreto continuarían bajo las reglas aplicables al momento de su inicio.

Fuente: Infobae
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