Guatemala | La Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha ratificado la validez del contrato de compraventa de un inmueble adquirido por el Ministerio Público (MP) en 2017, desestimando la declaración de lesividad promovida por la exfiscal general Consuelo Porras. La resolución judicial anula el Acuerdo 32-2020, emitido por Porras, que buscaba invalidar la adquisición del Edificio Gerencial Asunción, ubicado en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
El tribunal acogió las excepciones presentadas por Bertram S. A., la empresa vendedora, y rechazó la demanda del MP. La compra del inmueble, valorado en Q35.1 millones (aproximadamente USD 4.6 millones), se realizó en octubre de 2017 durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana, quien colaboró con la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Los magistrados argumentaron que el MP, bajo la dirección de Porras, no siguió los procedimientos legales requeridos antes de declarar lesivo el contrato. Específicamente, la institución no concedió audiencia a Bertram S. A. ni agotó la etapa de conciliación, según lo estipulado en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado. La empresa vendedora afirmó que la decisión de Porras fue unilateral y que no se le brindó la oportunidad de presentar sus argumentos antes de la emisión del Acuerdo 32-2020, que calificaba la adquisición como perjudicial para el Estado.
Además, la Sala determinó que la fiscal general no poseía la competencia para declarar la lesividad por sí misma. Los jueces citaron el artículo 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y el artículo 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo, que atribuyen dicha facultad al presidente de la República en Consejo de Ministros.
En cuanto al fondo del asunto, el tribunal no encontró pruebas que demostraran un perjuicio económico o jurídico para el Estado de Guatemala. Las negociaciones y la formalización de la escritura pública se ajustaron al marco legal, y el avalúo oficial de Q35.1 millones fue aprobado por la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas Públicas. Aunque existió una valoración privada posterior de Q31.5 millones (aproximadamente USD 4.1 millones), la Sala consideró que esta diferencia no era suficiente para probar una sobrevaloración, ya que los avalúos pueden variar según los criterios técnicos.
El MP también había señalado que el inmueble carecía de conexión al servicio municipal de agua potable, presentaba observaciones de seguridad y fue adjudicado poco después de la publicación del evento en Guatecompras. Sin embargo, los jueces dictaminaron que estos elementos no acreditaban una lesión al Estado. Con la anulación del Acuerdo 32-2020, el contrato de compraventa se mantiene vigente, y el MP conserva la propiedad del inmueble.
La exfiscal general Thelma Aldana, quien autorizó la compra, ha sido imputada por Consuelo Porras por delitos de abuso de autoridad y fraude en relación con esta adquisición. Aldana se encuentra en el exilio, alegando persecución penal en su contra. Porras, por su parte, ha sido sancionada en más de 40 países que la consideran antidemocrática y proclive a la impunidad.
Fuente: Infobae
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