Argentina | Cinco personas fueron detenidas y alojadas en un penal federal en Río Gallegos, Santa Cruz, como parte de una investigación sobre una presunta red de narcotráfico y lavado de activos que, según las autoridades, habría sido liderada por el empresario Lázaro Báez desde la cárcel. Los operativos, que incluyeron allanamientos en Río Gallegos y en un campo de la Ruta Provincial 53, se llevaron a cabo este sábado.
Durante los procedimientos, dos de los imputados fueron arrestados en la calle Provincias Unidas de la capital santacruceña. En otro allanamiento, en Banciella y 20 de Julio, se requisó un automóvil. La investigación, que sospecha que la banda administraba una red de tráfico de drogas, utilizó a Moira, una perra entrenada para detectar narcóticos, quien habría señalado rastros de sustancias que serán peritadas.
En un establecimiento rural en el paraje Kiri Kaike, sobre la Ruta Provincial N° 53, se encontraron tres vehículos de carga de gran porte abandonados. Las autoridades buscan determinar si estos camiones están vinculados al presunto traslado de cocaína desde el norte del país hacia Río Gallegos, una modalidad que, según la causa, habría utilizado vehículos de empresas de transporte desde diciembre del año pasado. El hallazgo también podría aportar información a la pesquisa por lavado de activos, que busca reconstruir un supuesto mecanismo para administrar bienes relacionados con Báez y evitar decomisos judiciales.
Los cinco imputados fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos, donde quedaron detenidos preventivamente. Antes de su ingreso, se realizaron controles clínicos de rutina y se les permitió llevar pertenencias personales. Aunque la mayoría no hizo declaraciones a la prensa, uno de ellos afirmó ser “inocente políticamente” y otro se disculpó con su madre. Días antes, los acusados habían comparecido ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos y optaron por no declarar, siguiendo el consejo de sus defensas.
Con estas nuevas detenciones, permanecen privados de la libertad Lázaro Báez, su pareja Claudia Insaurralde, Cristian Ibáñez (conocido como “Budín”) y Óscar Núñez. La Justicia Federal investiga si Báez encabezó desde la cárcel una estructura para administrar y explotar bienes embargados o decomisados, fuera del control judicial. Esta pesquisa, formalizada ante el juez federal Claudio Vázquez, se basa en una investigación de la Unidad Fiscal local y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
El fiscal Julio Zárate atribuyó a Báez el presunto liderazgo de una asociación ilícita orientada al lavado de activos, señalando que impartía directivas desde su celda mediante una línea telefónica del Servicio Penitenciario Federal. La investigación incluye movimientos por más de $400 millones, contratos vinculados a estancias, alquileres de inmuebles y el uso de vehículos de empresas de su grupo. Se secuestró documentación y se analizaron comunicaciones que, según los investigadores, evidencian instrucciones sobre sus propiedades y empresas.
Claudia Insaurralde y Cristian Sebastián Ibáñez son señalados como piezas centrales de la supuesta organización, habiendo sido detenidos en el aeropuerto de Ezeiza tras viajar desde Río Gallegos, evaluándose un posible intento de fuga. Se les atribuye la coordinación del manejo de establecimientos rurales, cobro de alquileres y distribución de fondos, refiriéndose a Báez como “el tío” y a Insaurralde como “la tía” en las comunicaciones.
Una línea de investigación se centra en la actividad ganadera, con contratos de locación y capitalización firmados a través de Austral Agro S.A. Se encontró un alquiler de la estancia La Entrerriana a favor de Ibáñez por $2 millones mensuales, aunque planillas en la celda de Báez indicarían una deuda de $12 millones. También se investiga un convenio por 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba, donde dos personas transfirieron $26,2 millones a Ibáñez, parte de los cuales habría sido enviada a cuentas de Insaurralde y Fausto Devetac, cuñado de Ibáñez.
Además, los fiscales analizan el manejo de departamentos del edificio Koonek en Río Gallegos, cuyos derechos de propiedad fueron decomisados y transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acusación sostiene que Ibáñez realizó averiguaciones sobre quién percibía los alquileres de estas unidades. La causa también examina el presunto uso de camiones y maquinaria de Austral Construcciones, uno de los cuales fue interceptado en Caleta Olivia en julio de 2025 y posteriormente fotografiado en un domicilio relacionado con Ibáñez y secuestrado cerca de Guer Aike. Ibáñez también está imputado en otra investigación por una presunta organización dedicada al transporte de cocaína en camiones desde diciembre de 2025, antecedente que derivó en la actual pesquisa sobre lavado de activos vinculada a Báez.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí