Costa Rica | La Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad un proyecto de ley que permitiría a las autoridades destruir pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas por organizaciones criminales, sin necesidad de esperar una sentencia penal o civil firme. La iniciativa, tramitada bajo el expediente 25.618, ahora pasará al Plenario Legislativo para su discusión y votación.
El proyecto fue presentado por el Gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado en junio de 2026, como parte de un paquete de seis propuestas legislativas destinadas a combatir la delincuencia organizada. Su objetivo es facilitar la intervención estatal en instalaciones usadas para operaciones ilícitas y aumentar las consecuencias penales para quienes permitan su funcionamiento.
Entre los cambios propuestos, se contempla un aumento en las penas de prisión para quienes construyan, habiliten, faciliten o permitan el funcionamiento de infraestructura aérea clandestina. Las sanciones actuales de tres a ocho años de prisión se elevarían a un rango de cinco a diez años. Además, las condenas podrían ser de entre 10 y 15 años de cárcel si los propietarios, arrendatarios o administradores reconstruyen, rehabilitan o reutilizan pistas que hayan sido previamente clausuradas, inhabilitadas o destruidas por las autoridades.
La regulación propuesta también abarcaría aeródromos, aeropuertos y helipuertos utilizados para facilitar delitos relacionados con narcotráfico, legitimación de capitales, trata de personas y delincuencia organizada. Asimismo, se propone duplicar las multas por operar aeronaves en instalaciones no autorizadas, pasando de 20 a 40 salarios mínimos, lo que equivale a aproximadamente ₡14.9 millones (unos USD 30 mil).
La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) sería la entidad responsable de declarar la clandestinidad o ilegalidad de estas instalaciones mediante una resolución administrativa fundamentada. Antes de tomar la decisión, los afectados tendrían una audiencia de 10 días hábiles para presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa. Una vez que la resolución administrativa adquiera firmeza, el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública podría proceder con la inhabilitación, demolición o destrucción de las instalaciones, con el apoyo de otras instituciones públicas y municipalidades, sin depender de la conclusión de un proceso penal o civil.
El proyecto también permitiría al Ministerio Público solicitar ante un juez penal la inmovilización registral de propiedades relacionadas con pistas clandestinas, impidiendo su venta, traspaso o hipoteca. Adicionalmente, se contempla el decomiso preventivo de maquinaria, vehículos, aeronaves y equipos utilizados para construir, acondicionar u operar estas instalaciones, los cuales podrían quedar sujetos a un eventual comiso definitivo.
Durante la discusión en comisión, diputados de diversas bancadas, incluyendo el oficialismo y la oposición, expresaron su respaldo a la iniciativa. El diputado José María Villalta, del Frente Amplio, señaló que la propuesta podría afectar directamente la capacidad operativa de las organizaciones criminales, aunque también planteó observaciones sobre algunos procedimientos y advirtió sobre posibles contradicciones con un proyecto de aeroparques turísticos en materia de vigilancia aérea.
Fuente: Infobae
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