Colombia | El Ministerio de Educación Nacional ha revelado una serie de irregularidades en la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), correspondientes al periodo 2022-2026, durante la administración del Gobierno de Gustavo Petro. Los hallazgos, producto de una auditoría interna, señalan problemas en la asignación de recursos, la contratación, el funcionamiento de herramientas tecnológicas y la supervisión del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, enfatizó la importancia de garantizar la correcta utilización de los recursos destinados a la alimentación estudiantil. “Los recursos destinados a garantizar el derecho a la alimentación de nuestros niños son sagrados. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) contribuye a su permanencia en las aulas y a garantizar en igual forma el derecho a la educación. Por eso no pueden comprometerse ni perderse por decisiones sin sustento técnico, contratos cuestionados ni falta de controles”, declaró la funcionaria.
Entre los seis hallazgos principales se destaca la distribución de recursos sin criterios técnicos verificables, lo que comprometería la trazabilidad de los fondos públicos. También se identificaron sobrecostos en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), que podrían afectar la eficiencia del presupuesto y limitar la atención a los estudiantes beneficiarios.
Otro punto crítico es el Sistema Integrado del Programa de Alimentación Escolar (Sipae), una herramienta tecnológica contratada con Colombia Digital. Según el ministerio, el sistema fue recibido inoperativo y, tras la firma del contrato, se establecieron criterios de asignación incompatibles con las condiciones iniciales, dejando a la UApA sin una herramienta funcional para la administración y seguimiento del programa.
La auditoría también reveló un incremento superior al 100% en la contratación por prestación de servicios durante 2026, en comparación con años anteriores. Se encontraron casos de contratistas que, pese a estar vinculados, nunca se presentaron en las instalaciones de la entidad, y situaciones sin soportes que acreditaran el desarrollo de actividades relevantes.
Adicionalmente, se reportaron presuntas actividades de proselitismo político por parte de contratistas del equipo territorial en diversas regiones del país. El ministerio también señaló deficiencias en la supervisión de la entrega efectiva de alimentos en las instituciones educativas y problemas en el seguimiento de las alertas ciudadanas relacionadas con la operación del PAE.
Ante estas irregularidades, el Ministerio de Educación ha implementado acciones administrativas. Se está realizando una revisión técnica de las 97 asignaciones territoriales a las ETC y se trabaja con los organismos de control para establecer una metodología transparente de distribución presupuestal, que considere el número de beneficiarios, las necesidades territoriales, el comportamiento de las entidades y los costos sustentados.
En cuanto al Sipae, se inició una revisión gerencial para recuperar su funcionamiento, definiendo entregables, responsables y pruebas para asegurar que la herramienta responda a las necesidades operativas. En el ámbito contractual, se anunció un proceso de depuración de la planta de contratistas y la estructuración del equipo de trabajo para 2027, basado en el cumplimiento de resultados.
Asimismo, se implementaron medidas de austeridad que han permitido una reducción del 9% mensual en los costos de operación de la UApA, lo que representa un ahorro cercano a los 1.200 millones de pesos. Los contratos de las personas identificadas en actividades de proselitismo político fueron suspendidos, y se establecieron controles sobre las reuniones con las comunidades. Las denuncias de proselitismo han sido trasladadas a los organismos de control para su evaluación.
Fuente: Infobae
Apoya el periodismo independiente
Sinpe 6334-5121 | Donar Aquí