Cuba | El régimen cubano ha puesto a consulta popular un anteproyecto de ley que busca reemplazar la normativa educativa de 1959, aprobada tras la Revolución. Este nuevo texto, que consta de diez títulos y 243 artículos, será presentado en diciembre ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
La iniciativa surge en un contexto donde las autoridades reconocen dificultades para mantener la actividad escolar debido a la crisis económica, energética y la escasez de personal docente. Si se aprueba, la Reforma Integral de la Enseñanza del 23 de diciembre de 1959, una de las primeras normas impulsadas por Fidel Castro, quedará derogada.
El anteproyecto mantiene la obligatoriedad educativa desde el nivel preescolar hasta el noveno curso y define la educación como un “bien público social” y un derecho universal. Reafirma que la enseñanza debe ser pública, gratuita, inclusiva, accesible, laica y equitativa, y establece que la organización, regulación y provisión del Sistema Nacional de Educación es una responsabilidad “indelegable” del Estado, manteniendo la centralización del sistema.

Sin embargo, el documento introduce cambios significativos al abrirse a formas de gestión no estatal. Permite que el financiamiento de las instituciones educativas se complemente con aportes de actores privados y con cooperación nacional e internacional, siempre bajo supervisión estatal. También habilita a los organismos formadores a crear mecanismos de ingresos adicionales, como fundaciones, empresas interfaz y micro, pequeñas y medianas empresas, y contempla la participación privada en servicios complementarios como las casas de cuidado infantil.
Otro cambio relevante es el reconocimiento de las clases particulares, conocidas como “repasadores”, permitiendo que docentes trabajen fuera del sistema estatal. La ministra de Educación, Naima Trujillo, defendió esta medida, señalando que “Al legalizarlo, el diálogo entre la escuela, la familia y el repasador es mucho más abierto” y que estas figuras pueden apoyar ante la falta de profesores. Esta actividad había sido prohibida por la legislación cubana en 2022, pero el Ministerio de Educación ya había autorizado a maestros y profesores en activo a solicitar permisos para ofrecer repasos privados en septiembre.

El anteproyecto también incorpora el uso “crítico y ético” de la inteligencia artificial, la cadena de bloques y la realidad aumentada en la gestión educativa y los procesos de enseñanza, con el objetivo de mejorar la eficiencia institucional, reducir la brecha digital y proteger el ambiente. Además, dedica artículos a la protección de niños y adolescentes, estableciendo la necesidad de entornos seguros, protocolos contra la violencia y mecanismos de denuncia en las escuelas, así como orientación sobre los riesgos de las tecnologías digitales.
La propuesta llega en un momento en que el sistema educativo cubano enfrenta la falta de docentes, cortes eléctricos, problemas de transporte, escasez de recursos básicos y una emigración sostenida que afecta a maestros, profesores y familias. La promesa de gratuidad también se ve desafiada por los gastos que las familias deben afrontar en transporte, alimentación, materiales escolares, uniformes y clases de refuerzo, en una economía con alta inflación y pérdida de poder adquisitivo.



Fuente: Infobae
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