Haití | El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que militares de su país, en colaboración con fuerzas haitianas, tomaron el control del estadio Sylvio Cator en Puerto Príncipe, la capital haitiana. Este recinto, que había estado ocupado por pandillas durante dos años, será convertido en una "base operativa" para avanzar contra los grupos criminales en el territorio.
La operación conjunta, que incluyó a la Policía Nacional de Haití, las Fuerzas Armadas de Haití (FAd’H), la Fuerza de Tarea y las Fuerzas Especiales de El Salvador, se realizó en virtud de un acuerdo bilateral. Bukele informó que durante el operativo se encontraron "varios cráneos humanos dentro del estadio" y exigió la retirada de los grupos delictivos de la zona aledaña antes de iniciar una ofensiva.
La policía local confirmó haber logrado el "control total" del estadio tras una incursión con la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), cediendo posteriormente el control a la milicia salvadoreña.
El despliegue de un contingente militar salvadoreño significativo en Haití se produjo tras el secuestro de cuatro técnicos aeronáuticos salvadoreños el 18 de octubre. Estos efectivos fueron emboscados y su vehículo incendiado en la periferia este de Puerto Príncipe. Aunque se reportó que lograron escapar, se perdió su rastro. Tres días después del incidente, Bukele emitió un ultimátum a las pandillas, amenazando con una intervención militar si sus compatriotas no eran devueltos. Una semana después, arribó a Haití un contingente de 690 soldados salvadoreños, que posteriormente se amplió a cerca de 2.000 militares.
Francisco Belaunde, profesor de derecho internacional y geopolítica de la Universidad San Ignacio de Loyola (Usil), considera que Bukele tiene una genuina voluntad de rescatar a sus compatriotas, pero sugiere que sus motivaciones podrían ir más allá. Belaunde señala que Bukele busca consolidar su imagen de "héroe en materia anticriminal" en la región, demostrando la capacidad de implementar sus métodos en otros territorios. También menciona que podría haber factores internos, como la necesidad de desviar la atención de "situaciones irregulares con sus propios presos" o su interés en un tercer mandato.
La intervención de El Salvador cuenta con el aval del gobierno haitiano, aunque se ha criticado la falta de transparencia sobre el alcance y la libertad de operación del ejército salvadoreño. Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio de Haití y el Caribe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, ha señalado que se desconoce "bajo qué mando actúan estas tropas, con qué reglas de enfrentamiento ni por cuánto tiempo".
La campaña se ha emprendido al margen de las coordinaciones de la ONU y la GSF, lo que ha generado fricción diplomática con Estados Unidos, especialmente después de que disparos de armamento ligero de los soldados salvadoreños alcanzaran el terreno de la embajada de Washington en Puerto Príncipe.
El contexto en Haití es de un Estado que ha perdido gran parte del control territorial en su capital y otras regiones. La ONU estima que las mafias controlan el 90% del territorio en Puerto Príncipe, gestionando activos estratégicos y recaudando impuestos. La coalición criminal más grande, Viv Ansanm, a la que se atribuyó inicialmente el ataque contra los salvadoreños, cuenta con entre 12.000 y 20.000 miembros activos, según el International Crisis Group (ICG). En contraste, las Fuerzas Armadas de Haití tienen apenas 1.400 efectivos.
Diego Da Rin, analista del ICG, expresó dudas sobre la viabilidad de replicar el modelo de Bukele en Haití, advirtiendo que la presión podría llevar a las organizaciones delictivas a formar más coaliciones y actuar de forma más coordinada. También alertó sobre los "enormes riesgos para los civiles" debido al afán de las tropas salvadoreñas por conseguir victorias rápidas y simbólicas, especialmente considerando que las pandillas haitianas utilizan a niños y adolescentes en la primera línea de sus conflictos.
Belaunde también plantea interrogantes sobre la viabilidad de los planes de Bukele y la posibilidad de que esta situación normalice la intervención en otros países de la región. Insiste en que cualquier objetivo de Bukele en Haití deberá sostenerse con hechos y no con propaganda. Hasta el momento, se desconoce el paradero y la situación de los cuatro técnicos salvadoreños, aunque la administración Bukele mantiene la postura de que siguen con vida. Las bandas criminales han rechazado la responsabilidad y han proporcionado información contradictoria sobre su estado.
Fuente: El Comercio Perú
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