Guatemala | El Gobierno de Guatemala ha declarado estado de sitio por 30 días en los departamentos de Zacapa e Izabal, atribuyendo la ola de violencia en estas regiones a organizaciones criminales transnacionales y terroristas. El Decreto Gubernativo Número 8-2026, firmado por el presidente Bernardo Arévalo y el Consejo de Ministros el sábado 14 de noviembre y publicado el domingo en el diario oficial, fundamenta la medida en informes de seguridad que confirman actividades de narcotráfico detrás de ataques armados contra civiles y autoridades.
Según el Ejecutivo, la situación compromete el orden público, la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz en ambos departamentos, además de advertir riesgos para el patrimonio de los habitantes, el desarrollo integral y la continuidad de los servicios públicos esenciales.

La declaratoria se ampara en el artículo 138 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Orden Público, que permiten restringir temporalmente garantías constitucionales ante perturbaciones graves de la paz o amenazas a la seguridad estatal. Durante la vigencia del estado de sitio, se podrán limitar la libertad de acción, las condiciones de detención legal, la libertad de locomoción, el derecho de reunión y manifestación, así como la tenencia y portación de armas.
Las autoridades estarán facultadas para restringir reuniones, manifestaciones y espectáculos, establecer controles sobre la circulación y el estacionamiento de vehículos, y ordenar detenciones o confinamientos sin orden judicial de personas sospechosas de alterar el orden público. El decreto también habilita allanamientos sin autorización judicial previa cuando existan indicios de que en un inmueble se encuentra una persona con orden de captura o elementos relacionados con delitos investigados, siempre que la autoridad exhiba una orden escrita y limite la diligencia al objetivo establecido.

El presidente Arévalo ejercerá el control de las acciones como comandante general del Ejército, a través del ministro de la Defensa Nacional, quien deberá coordinar con el Ministerio de Gobernación y otras instituciones del Organismo Ejecutivo. El Congreso tiene un plazo de tres días para ratificar, modificar o improbar la disposición.
Esta medida se implementa tras una serie de hechos violentos en Zacapa. El 27 de septiembre, ataques en Huité, incluyendo una agresión durante un evento deportivo, resultaron en ocho personas fallecidas. Aunque el Ejército inicialmente negó su participación, posteriormente autoridades militares y el Gobierno confirmaron la movilización de elementos y vehículos de la institución en el área. El Ministerio de la Defensa Nacional puso a disposición del Ministerio Público a 107 militares, mientras las investigaciones continúan.

El 6 de noviembre, el diputado por Zacapa Julio César Portillo Paz y sus escoltas de la Policía Nacional Civil, Fernando Reyes, Érick Ramos y Jorge Paau Xicol, murieron en un ataque armado en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo. La madrugada del 13 de noviembre, cinco personas, incluyendo una madre y dos de sus hijos, fueron asesinadas en el caserío El Tocino, aldea La Majada, municipio de Zacapa. En este último incidente, un hombre fue presuntamente secuestrado y luego liberado por una supuesta confusión sobre el objetivo del ataque.
Ese mismo 13 de noviembre, dos hombres fueron asesinados en Puerto Barrios, Izabal, frente al parque Reina Barrios, cuando desconocidos los interceptaron desde otro vehículo y les dispararon. Las autoridades no han informado si este caso está relacionado con los ataques en Zacapa.

Los hechos violentos se enmarcan en un contexto de presuntos nexos entre figuras locales y el crimen organizado. El 24 de octubre, la alcaldesa de Zacapa, Xiomara Ovalle, organizó una fiesta de 15 años para su hija Adriana Cifuentes. El gobierno de Estados Unidos ha señalado este evento por sus vínculos con el narcotráfico, recordando que Sergio Fernando Cifuentes Sagastume, padre de la adolescente y esposo de Ovalle, fue condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Además, la alcaldesa es cuñada de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias Haroldito, quien es requerido por la justicia estadounidense por delitos de narcotráfico como líder del cartel guatemalteco Los Lorenzana, y por quien se ofrece una recompensa.



Fuente: Infobae
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