Colombia | Una presunta red de espionaje habría operado desde la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, con posibles infiltraciones en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Contraloría General de la República. Esta estructura habría buscado acceder a información reservada de organismos estatales y obtener datos sobre dirigentes políticos de oposición.
La Unidad Investigativa de El Tiempo reveló esta información, asegurando haber accedido a documentos clasificados sobre un supuesto operativo de inteligencia que, presuntamente, tuvo entre sus objetivos afectar las elecciones presidenciales y vigilar a contradictores del entonces Gobierno.
Carlos Andrés Oyola Tovar, un ingeniero de sistemas de 36 años, es uno de los nombres que figura en la investigación. Oyola fue capturado el 6 de noviembre por su presunta participación en el acceso abusivo a una plataforma de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), donde se habrían alterado resultados y calificaciones. El caso adquirió una nueva dimensión debido a los antecedentes de Oyola en la DNI y los contratos que su hermano gemelo, Cristian, obtuvo en el CNE y la UNP.
Según la información, el supuesto esquema habría implicado la presencia de personas vinculadas a organismos estratégicos para acceder a información institucional. Entre las dependencias mencionadas se encuentra la delegada para el sector Defensa y Seguridad de la Contraloría, que tiene acceso a contratos, convenios y documentación del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).
Fuentes de la DNI consultadas por el diario indicaron que la información que se habría buscado obtener incluía datos sobre reuniones con estructuras criminales, cabecillas recluidos en cárceles, pruebas de polígrafo a oficiales, empresas fachada de inteligencia y procesos de contratación.
Carlos Oyola se desempeñó como asesor de la oficina de tecnología de la DNI. De acuerdo con las fuentes citadas, su misión habría sido habilitar una plataforma que concentrara información de las operaciones de inteligencia y contrainteligencia, lo que le habría permitido acceder a datos de seguridad nacional. Oyola ingresó al entorno político del petrismo como testigo electoral voluntario en la campaña presidencial de 2018 y fue vinculado a la DNI durante la dirección de Manuel Casanova Guzmán, permaneciendo en la institución durante la administración de Carlos Ramón González.
Una fuente humana mencionada en los documentos le atribuyó una supuesta misión para alterar resultados electorales y afectar al entonces candidato Abelardo de la Espriella. Sin embargo, su abogado declaró que la Fiscalía no le había notificado ninguna investigación por presunto espionaje o sabotaje electoral.
Cristian Oyola, hermano gemelo de Carlos, tuvo vínculos contractuales con el CNE y la UNP. En marzo de 2023, fue contratado como auxiliar administrativo en el despacho de la entonces magistrada del CNE Fabiola Márquez por tres meses. Su nombre también apareció en registros de ingreso a la Registraduría el 13 de febrero pasado, donde asistió a una reunión sobre componentes electorales para las elecciones al Congreso de 2026, con autorización de ingreso a nombre de Márquez. En esa reunión se abordaron detalles del software de escrutinio, las reglas para la asignación de jurados de votación y la auditoría del código fuente. Un mes antes, Cristian había sido vinculado a la UNP como desarrollador junior para inteligencia artificial. La otrora magistrada Fabiola Márquez no respondió a los mensajes para conocer su versión sobre la contratación de Cristian Oyola y su ingreso a la Registraduría.
La investigación también reveló una conexión empresarial entre la compra de un dron para la DNI y la construcción de una sede reservada de la entidad en Funza, Cundinamarca. El dron fue negociado por 9.000 millones de pesos a través de la empresa Prime Comercializadora SAS. Funcionarios de la DNI consultados señalaron que el negocio habría presentado sobrecostos millonarios y el aparato terminó siniestrado en el Catatumbo. Juan Carlos Eraso Chaves, accionista mayoritario de Prime Comercializadora SAS, también es accionista de Supreme Construcciones SAS, compañía encargada de la segunda fase del edificio F10, con un contrato de 18.000 millones de pesos. Eraso Chaves solicitó que cualquier publicación sobre su participación se limitara a hechos verificados, y uno de sus socios defendió la experiencia de la compañía y aseguró que la obra sería entregada próximamente.
Adriana Benavides Rivera, exdirectora institucional de la DNI durante la administración de Casanova y cercana a Jorge Lemus, también fue mencionada. Funcionarios de la anterior administración solicitaron establecer si existen conexiones entre los responsables de los contratos y antiguos directivos. Sobre la construcción de la sede, El Expediente había informado que el contrato tuvo ocho modificaciones y que la interventoría calculaba un avance del 88%.
Las denuncias sobre posibles operaciones de vigilancia contra opositores tienen antecedentes en las presentadas antes de las elecciones presidenciales de 2026. En abril de ese año, el entonces candidato presidencial David Luna solicitó a la DNI y a la UNP información sobre la denominada operación Grecia, que estaría orientada a intervenir ilegalmente las comunicaciones de integrantes de la oposición. Las sospechas también apuntaban a posibles infiltraciones en campañas y a intentos de acceder a los sistemas informáticos de la Registraduría.
Paloma Valencia anunció que solicitaría ser reconocida como víctima en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades en la DNI, asegurando que la supuesta infiltración de su campaña por un organismo de inteligencia estatal debía ser investigada. Líderes conservadores y el abogado penalista Jaime Lombana acudieron a la Comisión de Acusación de la Cámara para denunciar al entonces presidente Gustavo Petro por presunta perturbación del certamen democrático y concierto para delinquir. El abogado del expresidente, Alejandro Carranza, manifestó que veía con buenos ojos las denuncias relacionadas con los supuestos ataques a la democracia y que habían presentado una denuncia ante la Fiscalía contra el registrador nacional, Hernán Penagos, por presuntas irregularidades en las elecciones anteriores.
René Guarín, último director de la DNI durante el Gobierno Petro, remitió información sobre Oyola a la Fiscalía y documentación adicional a la Procuraduría y la Contraloría para que se revisaran otros asuntos relacionados con la entidad. Entre los elementos que están siendo verificados figura un organigrama que circula en medios y en el que aparecen, además de Oyola, Xavier Vendrell, Andrés Gamero y Manel Grau. Por ahora, Oyola permanece privado de la libertad por el proceso relacionado con la plataforma de la Unad. Las autoridades deberán establecer si los documentos y demás elementos remitidos dan lugar a nuevas investigaciones por los presuntos hechos relacionados con operaciones de inteligencia e infiltración institucional.
Fuente: Infobae
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