Colombia | La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) implementará ajustes significativos en su funcionamiento debido a un recorte presupuestario de 170.000 millones de pesos para el próximo periodo. Esta reducción de recursos coincide con la necesidad de la entidad de resolver la situación jurídica de miles de comparecientes, incluyendo aproximadamente 9.000 miembros de la Fuerza Pública y 2.000 exintegrantes de las Farc que han solicitado beneficios del sistema de justicia transicional.
Danilo Rojas, presidente de la JEP, detalló en una entrevista con Cambio que, a pesar de los ajustes, la jurisdicción mantendrá sus funciones judiciales esenciales. Estas incluyen los procesos contra los máximos responsables de crímenes graves durante el conflicto armado y la definición de la situación jurídica de aquellos que no tienen esa condición.
Entre las medidas anunciadas, la JEP trasladará su sede actual, de 15.000 metros cuadrados, a un espacio de 4.200 metros cuadrados. Esta reubicación busca generar un ahorro anual de aproximadamente 26.000 millones de pesos, aunque implicará un modelo de trabajo rotativo para sus cerca de 1.400 funcionarios de planta debido a la reducción del espacio. La entidad también recurrirá a la virtualidad para decisiones judiciales y labores de apoyo, lo que representa un desafío para las audiencias restaurativas presenciales.
Otro ajuste importante será la reducción de los esquemas de seguridad para los magistrados. Rojas expresó preocupación por la disminución de la protección para los comparecientes que enfrentan amenazas, señalando que la garantía de su seguridad es responsabilidad del Gobierno. La JEP espera llegar a acuerdos con la Unidad Nacional de Protección (UNP) y otras instancias gubernamentales para asegurar las medidas necesarias.
Además, la jurisdicción disminuirá entre un 80% y un 85% los contratos de prestación de servicios, lo que se traduce en un ahorro de aproximadamente 83.000 millones de pesos. Esta reducción afectará actividades cruciales como la defensa técnica de los comparecientes y el acompañamiento psicosocial a las víctimas. Para mitigar el impacto, la JEP ha solicitado apoyo a la Defensoría del Pueblo, que ha manifestado su disposición a colaborar, y reorganizará cargos de su planta de personal.
La JEP tiene pendiente la definición individual de la situación de unos 9.000 militares de rangos medios y bajos que no son considerados máximos responsables. Hasta la fecha, la JEP ha concedido cerca de 1.100 renuncias a la persecución penal a militares, un mecanismo con efectos equivalentes a una amnistía. En cuanto a los exintegrantes de las Farc, hay al menos 2.000 solicitudes de amnistía pendientes, de las cuales se han resuelto alrededor de 1.000.
Rojas también se refirió al plazo de funcionamiento de la JEP, explicando que la entidad tiene diez años para investigaciones, imputaciones y acusaciones (hasta marzo de 2028), seguidos de cinco años adicionales para los juicios, extendiendo su mandato hasta 2033. Cuestionó las propuestas para reducir este periodo, argumentando que una modificación de este tipo tendría dificultades jurídicas. El presidente de la JEP afirmó que la entidad no solicitará prórrogas y que se encuentra en su momento de mayor productividad para cumplir su mandato dentro del tiempo establecido. Actualmente, 29 militares de alto rango, incluyendo generales, están en etapa de investigación como posibles máximos responsables.
Fuente: Infobae
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