El Salvador | El ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro, cuestionó a organizaciones internacionales y defensores de derechos humanos, acusándolos de oponerse a las medidas de seguridad implementadas por la actual administración, mientras que, según él, apoyaron acciones previas que fracasaron en el país. Estas declaraciones fueron realizadas durante la Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia.
Villatoro defendió la estrategia de seguridad del Gobierno de Nayib Bukele, argumentando que las recomendaciones externas recibidas durante décadas no lograron contener el crecimiento de las pandillas ni reducir los homicidios. El ministro afirmó que las políticas aplicadas antes de 2019 no permitieron al Estado recuperar el control de los territorios dominados por organizaciones criminales.

El funcionario criticó el modelo de la Policía Nacional Civil, creada tras los Acuerdos de Paz, señalando que fue una recomendación externa y que carecía de las herramientas necesarias para enfrentar a los grupos criminales. Según Villatoro, este modelo estaba “diseñado para fracasar”. También cuestionó normas anteriores en justicia juvenil y lucha contra el crimen organizado, las cuales, a su juicio, facilitaron la incorporación de jóvenes a las pandillas y no respondieron al alcance de las estructuras delictivas.
El ministro dirigió sus críticas hacia las organizaciones defensoras de derechos humanos, a las que calificó de “organizaciones carroñeras”. Las acusó de haber tenido una postura favorable a políticas que, según él, mantuvieron altos niveles de violencia e impunidad en El Salvador, y sugirió que algunas entidades esperaban que el país continuara afectado por la crisis de seguridad. Villatoro vinculó a estos grupos con las críticas al régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.

El régimen de excepción fue aprobado tras una escalada de homicidios el 26 de marzo de 2022, permitiendo restricciones temporales a garantías constitucionales y operativos masivos de captura. Villatoro lo describió como un “protocolo de guerra” contra las organizaciones criminales, destacando el uso de registros judiciales, inteligencia policial, despliegues territoriales y reformas institucionales para identificar y detener a presuntos pandilleros.
El ministro afirmó que las autoridades reunieron 76,600 registros de pandilleros que habían pasado por el sistema judicial en más de 20 años. Señaló que, en los primeros tres meses de la estrategia posterior a marzo de 2022, se realizaron un promedio de 1,500 detenciones diarias. Villatoro aseguró que esta política estatal permitió reducir la tasa de homicidios a 1.3 por cada 100 mil habitantes al cierre del año pasado, con 82 homicidios registrados en ese período, cuyos responsables fueron sometidos a la Justicia. El funcionario vinculó estos resultados con un aumento en la actividad turística, inversiones y una mejora en la percepción de seguridad.


Fuente: Infobae
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