Centroamérica | Las rutas utilizadas por miles de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos coinciden con corredores controlados por redes criminales, lo que expone a los viajeros a extorsiones, secuestros, trata de personas y trabajo forzado. Esta situación se detalla en el informe "Migración de Centroamérica hacia Estados Unidos: Causas, políticas y perspectivas liberales" de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF).
El estudio describe un circuito que conecta a Guatemala, Honduras y El Salvador con México, antes de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Las mismas vías terrestres, marítimas y aéreas empleadas para el tráfico de cocaína y dinero ilícito son también utilizadas por personas que intentan migrar sin documentación, creando un escenario de riesgo desde el inicio del trayecto.

Los grupos criminales ejercen dominio sobre zonas de paso, pasos fronterizos informales, carreteras y áreas cercanas a ríos o desiertos. Quienes transitan por estos lugares pueden ser objeto de pagos adicionales, amenazas y retenciones ilegales. El informe indica que hasta el 87% de la cocaína andina con destino a Estados Unidos transita por el corredor centroamericano, y las organizaciones delictivas aprovechan su control territorial para imponer cobros a los traficantes de personas y a los propios migrantes.
Las familias de los migrantes, que a menudo ya han invertido ahorros, remesas o préstamos en el viaje, son afectadas cuando sus seres queridos son secuestrados. Las redes criminales exigen dinero a los familiares en el país de origen o en Estados Unidos. La falta de documentos y el temor a las autoridades limitan las posibilidades de denuncia y protección durante el recorrido.

Además, el informe alerta sobre casos de trata de personas. Mujeres migrantes pueden ser captadas o secuestradas para explotación sexual, mientras que hombres y adolescentes quedan expuestos a trabajos forzados. La naturaleza clandestina del viaje facilita estos delitos, ya que las víctimas dependen de intermediarios y a menudo desconocen quién controla cada zona.
Los "coyotes", o traficantes de migrantes, son figuras centrales en este negocio, ofreciendo transporte, alojamiento temporal, cruces por ríos, recorridos a pie, documentos falsos y contactos para evadir controles. Sus servicios pueden abarcar varios países y dividirse en pagos por tramo. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito citados en el informe, las redes especializadas en el traslado irregular por la ruta de Norteamérica generaron entre 3.700 millones y 4.200 millones de dólares en 2016.

El costo individual del viaje varía según la nacionalidad, la distancia, el punto de entrada y las garantías ofrecidas por el traficante. El precio habitual para salir del Triángulo Norte oscila entre 5.000 y 7.000 dólares por persona, aunque se han registrado casos recientes con tarifas de hasta 40.000 dólares, especialmente cuando las redes garantizan un cruce completo hasta territorio estadounidense.
Una parte de este dinero termina en manos de estructuras criminales. En zonas fronterizas entre Guatemala y México, así como en el norte mexicano, los cárteles cobran un "derecho de piso" a los coyotes. Esta cuota suele ser trasladada al migrante, quien debe pagar más para continuar o enfrentar represalias si no puede hacerlo.
La relación entre migrantes y coyotes es compleja; algunos traficantes provienen de las mismas comunidades de origen y son percibidos como intermediarios con experiencia en la ruta. Sin embargo, el informe señala que muchos migrantes han sido abandonados a mitad de camino ante peligros, operativos o trasladados en vehículos en condiciones inadecuadas.

Las restricciones fronterizas también influyen en el negocio, llevando a las redes a buscar trayectos más aislados, aumentar sus tarifas y recurrir a sobornos. Esto desplaza las rutas hacia áreas con menor presencia estatal y mayor influencia de grupos dedicados al narcotráfico, la extorsión y la trata de personas.
Fuente: Infobae
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