Colombia | Cinco exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro, implicados en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), no han recibido una condena penal definitiva hasta noviembre de 2026, a pesar de las investigaciones y procesos penales en curso. Tres de ellos recuperaron su libertad por vencimiento de términos, mientras que los otros dos permanecen sin comparecer ante la justicia colombiana.
Los exfuncionarios señalados son Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda; Luis Fernando Velasco, exministro del Interior; Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones; Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); y César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública. Todos enfrentan acusaciones de diversa índole, pero sus expedientes siguen abiertos.

El caso se centra en una presunta operación para usar contratos y proyectos de inversión de la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías (Invías) con el fin de obtener apoyo de congresistas para iniciativas del Ejecutivo. La Fiscalía ha indicado que antiguos miembros del gobierno participaron en la gestión de recursos, ofrecimiento de beneficios e intermediación para entregar dinero a políticos.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, ambos exministros, enfrentan acusaciones de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. Bonilla, quien salió de prisión el 7 de abril de 2026 por vencimiento de términos, es señalado de intervenir en la gestión de proyectos para conseguir votos de congresistas. Su abogado, Alejandro Carranza, ha argumentado que Bonilla no tenía facultad para ordenar gastos de la Ungrd o Invías y ha denunciado irregularidades en el acceso al material probatorio.

Velasco, quien recuperó su libertad el 5 de noviembre de 2026, también es acusado de participar en una estructura que utilizó proyectos de la Ungrd e Invías para obtener votos en el Congreso. Su abogada, Rosa Elena Suárez, ha cuestionado la acusación y la credibilidad de Olmedo López, exdirector de la Ungrd. Velasco ha defendido que sus encuentros con congresistas eran parte de sus responsabilidades institucionales. La audiencia preparatoria para ambos exfuncionarios fue aplazada por segunda vez hasta el 2 de febrero de 2027.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, es investigado por su presunta intervención en el ofrecimiento de contratos y sobornos a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes. La Fiscalía le imputa cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. González se encuentra en Nicaragua desde 2024, donde recibió asilo político, y ha participado virtualmente en algunas diligencias. Su defensa ha rechazado los señalamientos y ha cuestionado las declaraciones de Olmedo López. La orden de captura en su contra fue prorrogada por un año el 10 de septiembre de 2026.

César Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, es investigado por solicitar una comisión del 7% sobre un convenio de 100.000 millones de pesos y por recibir 3.000 millones de pesos en sobornos relacionados con un contrato de carrotanques. Fue imputado por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y lavado de activos. En julio de 2025 se ordenó su detención, pero no se presentó ante las autoridades y permanece sin comparecer. Sus abogados han negado los señalamientos y sus vínculos con López y Sneyder Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd.
Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, es señalada de intermediar en la entrega de 3.000 millones de pesos a Iván Name y 1.000 millones a Andrés Calle para conseguir respaldo legislativo. Fue acusada de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. Salió de prisión el 11 de mayo de 2026 por vencimiento de términos, pero su proceso continúa y debe ir a juicio. Su abogado, Mauricio Camacho, solicitó cerrar la investigación por tráfico de influencias, argumentando modificaciones en los hechos por parte de la Fiscalía, pero la petición fue rechazada. Ortiz ha manifestado que no cuenta con garantías para afrontar el juicio.



Fuente: Infobae
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