Estado de sitio en Guatemala busca desarticular redes de minería ilegal que financian al crimen organizado

Guatemala | El estado de sitio decretado en los departamentos de Zacapa e Izabal tiene como uno de sus objetivos principales desarticular las redes de extracción ilegal de jade y oro, las cuales, según el Gobierno guatemalteco, financian al crimen organizado en el país.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que la medida busca un “ataque frontal a toda la minería ilegal”, concentrada principalmente en Izabal. Villeda ofreció una conferencia de prensa el lunes 16 de noviembre, antes de supervisar los primeros avances del dispositivo de seguridad, que estará vigente por 30 días mediante el Decreto Gubernativo 8-2026.

El funcionario explicó que las operaciones se coordinan con el Ministerio de la Defensa y el Ministerio Público, aunque no detalló las estrategias específicas. Villeda indicó que la minería ilegal detectada corresponde a la extracción de jade y oro, la cual ha estado operando “desde hace mucho tiempo, sin licencia del Ministerio de Energía y Minas”, y a menudo se lleva a cabo en terrenos del Estado.

Diligencias del Ministerio Público en 2022 revelaron varios centros de extracción de jade en el lugar conocido como el Chiblero, en Morales, Izabal. (MP de Guatemala)

El ministro vinculó directamente esta actividad con el financiamiento de grupos criminales, señalando que estos han diversificado sus operaciones y “ya no solo se dedican a temas relacionados con el narcotráfico, sino que también controlan la minería ilegal”.

La explotación ilícita de jade en Guatemala no es un fenómeno reciente. Investigaciones periodísticas desde 2019 han documentado un saqueo en la aldea Valle Nuevo, municipio de Morales, Izabal, donde la extracción a cielo abierto llegó a producir cerca de 10 toneladas semanales de jade en bruto, con un valor estimado de entre 9 y 10,3 millones de dólares. En ese mismo año, un decomiso de un contenedor con 10 toneladas de este mineral fue valorado en aproximadamente 10 millones de dólares. El material extraído suele venderse a compradores de origen asiático para su exportación a China y Taiwán.

El ministro Marco Antonio Villeda visitó el lunes 16 de noviembre el centro de operaciones montado para coordinar las acciones en Zacapa e Izabal durante la vigencia del estado de sitio. (Archivo/Ministerio de Gobernación)

Una investigación del medio Soy502 señaló al exgobernador de Izabal, Erick Bosbellí Martínez Reyes, como un presunto cabecilla de estas redes. Martínez Reyes fue destituido en 2020 tras ser vinculado a cobros para garantizar impunidad a extractores ilegales. Además, la exvicepresidenta Roxana Baldetti fue señalada en 2015 por presunto liderazgo de estructuras de contrabando de jade, aunque no hubo una condena específica por ese delito. La entonces diputada Regina Guzmán también enfrentó cuestionamientos por conflicto de interés al promover reformas que reducían las regalías al jade mientras era propietaria de una empresa exportadora del mineral.

El problema de la minería ilegal no se limita a Izabal. En Chiquimula y Jalapa, entre finales de 2020 e inicios de 2021, operó una estructura vinculada al empresario argentino Federico “Fred” Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Camiones de empresas ligadas a Machado extrajeron oro sin licencia del polígono minero El Pato II, entre los municipios de San José La Arada y San Luis Jilotepeque. Este yacimiento, valorado en su momento en 165 millones de dólares, podría superar hoy los 2.000 millones de dólares debido al alza del precio del oro.

En 2019, autoridades de Gobierno realizaron diligencias de investigación sobre la minería ilegal de jade en Morales Izabal. (MP de Guatemala)

En ese entonces, el Ministerio de Energía y Minas impuso multas de 129.000 dólares a las empresas responsables, las cuales no han sido pagadas hasta la fecha. Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales estimó los daños ambientales en unos 97.457 dólares. La Ley de Minería guatemalteca sanciona la extracción sin licencia con multas de entre 645 y 3.226 dólares, montos que fiscales ambientales han considerado insuficientes para disuadir a las redes de extracción ilegal.

La extracción clandestina de jade en el municipio de Morales acumuló cargamentos que, según investigaciones jurídicas y periodísticas, en su mayoría están destinados a compradores en China y Taiwán. (PNC de Guatemala)
Entre 2020 y 2021, el empresario argentino Federico "Fred" Machado realizaba extracciones ilegales de jade en en el polígono minero El Pato II, que abarca los municipios de San José Arada y San Luis Jilotepéque. (Cortesía para Infobae América)

Fuente: Infobae

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