Colombia | Los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Justicia de Colombia comparecieron el 17 de noviembre de 2026 ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para aclarar las implicaciones de la adhesión del país al Escudo de las Américas. El debate de control político se centró en la autonomía nacional y el alcance de la cooperación con Estados Unidos, especialmente en lo referente a una posible participación militar estadounidense en operaciones dentro del territorio colombiano y las facultades de ese país en la lucha contra el crimen organizado.
Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C) el 12 de agosto de 2026, en un foro celebrado en Ciudad de Panamá. Esta iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump en Estados Unidos, cuenta actualmente con la participación de 19 países.

El canciller Omar Bula defendió la cooperación con Estados Unidos, argumentando que la lucha contra el crimen organizado transnacional es un interés compartido, más allá de las diferencias políticas entre gobiernos. Bula enfatizó que las organizaciones transnacionales involucradas en tráfico de drogas, minería ilegal, tráfico de órganos y humanos, y extorsión, representan una realidad que no debería generar división. Explicó que el Escudo de las Américas no es exclusivamente una iniciativa militar, sino que abarca cooperación económica, institucional, financiera, diplomática y de seguridad. Según el canciller, la adhesión no requería trámite legislativo, ya que emana del jefe de Estado, quien dirige las relaciones internacionales, y sostuvo que una relación estrecha con Estados Unidos y una política exterior autónoma no son objetivos incompatibles.

Por su parte, el ministro de Defensa, mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, abordó la preocupación sobre una posible presencia militar estadounidense, descartando que el acuerdo implique una cesión de soberanía o el control de las operaciones. Mora describió el Escudo de las Américas como una “declaración no vinculante” y aseguró que Colombia “conserva de manera intacta su mando operacional” y la soberanía nacional. Afirmó que Estados Unidos ha incrementado la asesoría y la asistencia de entrenamiento con Colombia, y que la coalición respeta el derecho internacional y los acuerdos vigentes, sin contemplar el tránsito de tropas extranjeras ni generar costos fiscales.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, defendió la participación desde el ámbito jurídico, presentándola como una herramienta para fortalecer la respuesta estatal frente al narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado transnacional. Cancino señaló que “ejercer la soberanía nacional no significa aislar a Colombia” y que la soberanía nacional es un ejercicio para encontrar intereses comunes. Su despacho tendrá la tarea de “formular y coordinar las políticas públicas” relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y las economías ilícitas, circunscribiéndose a la cooperación judicial internacional. Esto incluye facilitar el intercambio de información, la localización de personas requeridas, la recuperación de activos ilícitos y los tratados de extradición. Cancino aclaró que su despacho no dirigirá investigaciones, tomará decisiones judiciales, emitirá órdenes de captura ni resolverá acciones de tutela, y que la adhesión a mecanismos internacionales no modifica las reglas del derecho penal colombiano, respetando la tipicidad establecida en el Código Penal.


Fuente: Infobae
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