Estados Unidos | El Departamento de Trabajo propuso el 9 de noviembre una nueva regulación federal que requeriría a los beneficiarios del seguro de desempleo (UI) realizar al menos cinco actividades de búsqueda de empleo por semana para mantener sus prestaciones. Esta medida busca establecer un estándar federal mínimo, ya que actualmente solo cuatro estados exigen este número de gestiones semanales, mientras que otros permiten cumplir la obligación con una sola actividad.
La propuesta, publicada por la Administración de Empleo y Capacitación (ETA) del Departamento de Trabajo, detalla que las actividades válidas incluirían la presentación de solicitudes de empleo, asistencia a entrevistas, contacto directo con empleadores, registro en agencias de colocación y contacto con sindicatos para referencias laborales. Los estados también podrían reconocer la participación en ferias de empleo, talleres de reinserción, programas de capacitación y exámenes de certificación profesional.

Como alternativa opcional, el Departamento de Trabajo considera un sistema de puntos donde cada actividad recibiría entre 1 y 3 puntos, y los solicitantes deberían acumular al menos cinco puntos por semana. El incumplimiento de estos requisitos, sin una excepción válida, resultaría en la inelegibilidad para el beneficio de esa semana, y los estados estarían obligados a registrar cualquier cobro indebido.
Existen excepciones contempladas para trabajadores en programas de capacitación aprobados, aprendices registrados, participantes en esquemas de trabajo compartido y ciertos trabajadores sindicales que buscan empleo a través de bolsas gremiales. También se eximiría a quienes tengan una fecha confirmada de regreso a su empleador dentro de las ocho semanas posteriores al despido, y a quienes hayan aceptado una oferta de empleo con inicio previsto en las cuatro semanas siguientes.

Actualmente, para acceder al seguro de desempleo, un programa conjunto entre el gobierno federal y los estados, se deben cumplir tres condiciones: haber perdido el trabajo sin responsabilidad propia, haber reunido un mínimo de ingresos o semanas trabajadas durante el “período base” (generalmente los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario completados), y cumplir los requisitos adicionales de cada estado. La solicitud se presenta ante el programa del estado donde se trabajó, y el primer pago suele demorar entre dos y tres semanas.
Esta propuesta surge en un contexto de ligera presión sobre el sistema de desempleo. Las solicitudes iniciales aumentaron en 1.000, llegando a 203.000 en la semana que concluyó el 14 de noviembre, superando las expectativas de los economistas. Las solicitudes continuas también subieron en 70.000, alcanzando 1.763 millones al 7 de noviembre, el nivel más alto desde fines de agosto, lo que sugiere que algunos despedidos enfrentan períodos prolongados sin reempleo.

Heather Long, economista jefa de Navy Federal Credit Union, describió el mercado laboral como uno de “contratación media y bajo despido”, señalando que, aunque es más fácil que hace un año, sigue siendo difícil para los jóvenes que inician su carrera. La tasa de desempleo disminuyó del 4,5% en noviembre de 2025 al 4,1% en octubre de 2026, aunque el crecimiento salarial moderado lleva a algunos economistas a considerar que el mercado aún no ha alcanzado un ajuste real.
Paralelamente, el Senado está evaluando la “Ley de Estabilidad y Oportunidad para los Trabajadores”, un proyecto que propone ampliar la cobertura del seguro de desempleo. Esta iniciativa exigiría a los estados ofrecer al menos 26 semanas de beneficios, extendería la elegibilidad a trabajadores por cuenta propia y nuevos ingresantes al mercado laboral mediante una Asignación para Buscadores de Empleo financiada federalmente, y eliminaría la “semana de espera” actual. Si se aprueba, sus disposiciones centrales entrarían en vigor el 1 de enero de 2028.
La propuesta del Departamento de Trabajo fue publicada en el Registro Federal el 10 de noviembre, con un período de comentarios públicos abierto hasta el 11 de enero de 2027. Una vez que se publique la regla definitiva, los estados dispondrán de un año para adaptar sus sistemas.
Fuente: Infobae
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