Argentina | El Gobierno nacional ha modificado el Presupuesto 2026 a través del Decreto 1391/2026, una medida que autoriza un incremento de gastos de aproximadamente $15,6 billones para el resto del ejercicio. Esta ampliación, refrendada por el Gabinete de Ministros, implica una reducción de unos $7,5 billones en el superávit fiscal proyectado para el cierre del año.
La modificación presupuestaria equivale al 10,2% del crédito presupuestario vigente, que se estimaba en $152,47 billones. Esta decisión se produce en un contexto de desviación significativa de las variables macroeconómicas, ya que la inflación anual proyectada para 2026 se sitúa alrededor del 33%, superando la pauta oficial del 18%.
El Poder Ejecutivo argumenta en los considerandos del decreto que es necesario adecuar los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y cumplir con los compromisos de la administración pública. Se señala que diversas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos y requirieron refuerzos para atender gastos que superaron las previsiones originales. La reasignación de partidas busca atender obligaciones relacionadas con prestaciones sociales, servicios de salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro.

Según un relevamiento de las planillas anexas, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto. Esta diferencia de $7,5 billones es la que reduce el resultado fiscal previsto. El superávit originalmente proyectado para 2026 era de $26,4 billones, y tras esta ampliación, se reduciría a unos $18,9 billones. Al 16 de noviembre, el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en $33,2 billones, lo que sugiere que una parte considerable de los gastos adicionales se concentrará en las últimas semanas del año.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), bajo el Ministerio de Capital Humano, concentra el mayor refuerzo presupuestario, con un incremento cercano a $10 billones. Este monto representa una parte sustancial de la expansión total y refleja el impacto de la inflación en las prestaciones para jubilados y pensionados.

El Servicio de la Deuda Pública también recibe un aumento significativo, con aproximadamente $3,9 billones adicionales destinados al pago de intereses y comisiones. Esto confirma que una porción relevante de la modificación presupuestaria está ligada al costo financiero del Estado y a obligaciones que superaron las previsiones iniciales.
Otros refuerzos importantes incluyen $0,8 billones para el Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, y alrededor de $0,2 billones para la Gendarmería Nacional, específicamente para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas.
En contraste, la finalidad Servicios Económicos experimenta el principal recorte, con una reducción de créditos de aproximadamente $2,3 billones. Esta disminución es uno de los ajustes más importantes y evidencia una reasignación de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias, como prestaciones sociales, salud, seguridad y obligaciones financieras.

El análisis de la modificación presupuestaria sugiere que el Decreto 1391/2026 busca principalmente adecuar el presupuesto a una economía con una inflación significativamente mayor a la prevista. La expansión de los créditos por $15,6 billones refleja la necesidad de actualizar partidas frente a una nominalidad que evolucionó por encima de las estimaciones oficiales. Aunque los mayores recursos obtenidos durante el año no compensaron completamente esta expansión, el Gobierno decidió utilizar parte del superávit esperado para financiar gastos adicionales, proyectando un resultado positivo de $18,9 billones, inferior al original, pero aún superavitario.

Fuente: Infobae
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