Costa Rica | La presidenta Laura Fernández Delgado defendió las restricciones impuestas a aproximadamente ₡30.000 millones (USD 67 millones) del presupuesto del Poder Judicial para el año 2027 y descartó presentar una propuesta para eliminarlas. Fernández afirmó que la administración de los fondos públicos no puede depender de acuerdos de buena voluntad, declarando: “La plata del pueblo de Costa Rica no es una cosa de buena fe, de buena voluntad, y viera que yo no soy la presidenta del cambalache ni del truquito ni de la cosita”.
Estas declaraciones marcan un cambio en la postura de la presidenta, quien el 9 de noviembre había expresado su disposición a revisar las normas presupuestarias mediante una mesa técnica, tras una reunión con la presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas González.

La controversia se centra en cuatro normas de ejecución presupuestaria incluidas en el proyecto de Presupuesto Nacional de 2027. Estas normas establecen requisitos adicionales para el uso de ciertos recursos del Poder Judicial. Según un informe de la Contraloría General de la República (CGR), una de estas disposiciones condicionaría la ejecución de ₡29.844 millones, lo que representa el 5,6% del presupuesto judicial proyectado de ₡530.973 millones. Las restricciones afectarían 313 de los 543 renglones presupuestarios de la institución.
Fernández justificó las medidas señalando que la Contraloría había identificado problemas en los informes de liquidación presupuestaria de 2024 y 2025. La mandataria aseguró que el Gobierno no prohíbe el acceso a los fondos ni los cercena al Poder Judicial, sino que las disposiciones buscan exigir información financiera auditada y garantizar un uso eficiente de los recursos.

Sin embargo, la propia Contraloría General de la República ha advertido que varias de las normas propuestas podrían presentar problemas de constitucionalidad y dificultar la administración presupuestaria. La institución señaló que algunas disposiciones le asignarían competencias que no le corresponden y condicionarían de manera improcedente el uso de fondos públicos.
Por su parte, el Poder Judicial sostiene que estas restricciones podrían comprometer la continuidad de los servicios judiciales y limitar la cobertura de plazas necesarias. La presidenta de la Corte, Patricia Vargas, ha aclarado que la institución no solicita recursos adicionales, sino la disposición oportuna de los fondos ya asignados, expresando: “Sí necesitamos colaboración para que se nos suelten las amarras”.
La presidenta Fernández también decidió suspender la reunión técnica que había ofrecido para analizar las normas, argumentando que, debido a las gestiones judiciales presentadas contra las disposiciones presupuestarias, es conveniente esperar la resolución de la Sala Constitucional. “Le dije que mejor no hiciéramos la reunión para no perder el tiempo y que esperemos a que la Sala resuelva”, afirmó.

La Sala Constitucional ha ordenado suspender el avance del proyecto de Presupuesto Nacional de 2027 mientras analiza los cuestionamientos, que incluyen tanto las restricciones al Poder Judicial como consultas relacionadas con el financiamiento de las universidades públicas.
A pesar de las diferencias presupuestarias, Fernández confirmó su participación en un encuentro programado para el viernes 20 de noviembre con Patricia Vargas, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, y la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora. Esta reunión buscará fortalecer la coordinación institucional y abordar desafíos nacionales, especialmente en seguridad y la lucha contra el crimen organizado. No obstante, la presidenta reiteró que no contempla llevar una propuesta para eliminar las restricciones presupuestarias. La controversia permanecerá abierta hasta que la Sala Constitucional resuelva sobre la legalidad de las disposiciones.
Fuente: Infobae
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