Argentina | El Senado aprobó una nueva ley de discapacidad con 71 votos a favor y ninguno en contra, buscando reemplazar la situación de emergencia en el área que finaliza a fin de año. La normativa mantiene aspectos clave del sistema actual, como la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, puntos que el Gobierno concedió a la oposición en la Cámara de Diputados.
Agustín Monteverde, senador libertario y titular de la comisión de Presupuesto, destacó que la ley busca establecer “reglas estables, generando previsibilidad” para beneficiarios y prestadores, en contraste con la incertidumbre que genera la prórroga de una emergencia. Por su parte, Alicia Kirchner, presidenta de la comisión de Población y Desarrollo Humano, aunque consideró la ley “imprescindible por el vencimiento”, expresó preocupación por la capacidad operativa de los 427 centros de atención existentes en el país, señalando que el 42.9% de ellos se encuentran en la provincia de Buenos Aires.

La ley ratifica que las pensiones equivalen al 70% del haber mínimo jubilatorio y establece el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como el principal medio para acceder a los beneficios. Además, se mantiene la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, permitiendo a las personas con CUD conservar su pensión si tienen un empleo registrado o están inscritas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
Se garantiza el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud) para los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad. Para evitar posibles vetos, la norma detalla partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud y prevé compensaciones del Tesoro si estas resultaran insuficientes. También se asegura que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto al año anterior.

La nueva legislación introduce mecanismos de control más estrictos, con auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y SINTyS. Se contempla la suspensión preventiva de un beneficio por incumplimiento objetivo, bajo un “debido proceso inclusivo” que incluye notificación y rehabilitación provisoria.
Mariana Juri, senadora radical, señaló que la pérdida de partidas presupuestarias para discapacidad no es un problema reciente, sino que se ha dado “paulatinamente” en años anteriores. Enfatizó la importancia de que el Presupuesto 2027 contemple los fondos necesarios. Pablo Bensusán, senador peronista, alertó sobre las deudas pendientes con prestadores, indicando que el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos en 30 días y cancelarlos en 90 días.

Ivanna Arrascaeta, senadora libertaria y presidenta de la comisión de Salud, afirmó que “la discapacidad no tiene color político” y abogó por construir un sistema permanente con reglas claras, recursos asignados y controles. Martín Goerling, jefe del PRO, destacó la importancia de la ley para la dignidad de las personas con discapacidad y sus familias, criticando el “clientelismo” en algunas regiones. Juliana di Tullio, senadora kirchnerista, denunció que el actual gobierno ha auditado al 91% de las personas con discapacidad y que se adeudan “casi 80.000 millones de pesos” a los prestadores. Patricia Bullrich, líder libertaria, reconoció que, si bien hay familias en situaciones difíciles, también ha habido “situaciones de falsedad” en el sistema, y destacó el “acuerdo político y social” logrado.

Fuente: Infobae
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